El presidente del CSN ve «desproporcionadas» las críticas a su gestión

Durante su comparecencia de más de tres horas en la Comisión de Energía del Congreso, Martí se ha pronunciado por primera vez sobre la carta que la Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dirigió a los grupos parlamentarios el pasado 3 de octubre, acusándole de llevar a cabo «una caza de brujas» en el CSN «que afecta a la seguridad nuclear».

«Esa carta mina la confianza de ciudadanos y sociedad en el organismo regulador, cuya situación en nada se asemeja al caos y alarma» denunciados en la misma, ha subrayado Martí, quien, a continuación, ha pasado a leer la carta de respuesta a la citada asociación que el Pleno del CSN aprobó por unanimidad el pasado 10 de octubre.

Los cinco consejeros del CSN sostienen en su respuesta, según lo que ha relatado Martí, en que las acusaciones de «presiones, amenazas o caza de brujas son incompatibles con los procedimientos a través de los cuales este organismo toma sus decisiones técnicas».

Asimismo niegan el supuesto deterioro de la función regulatoria, al que hacía referencia esta asociación de técnicos, al tiempo que niegan el descenso en la actividad sancionadora y el carácter de apercibimientos.

El presidente del CSN ha enumerado la existencia de 7 expedientes sancionadores en 2014, 7 en 2015 y 5 en lo que va de año.
Martí también ha negado la falta de transparencia en la gestión del CSN denunciada por la citada asociación, y ha advertido de que su intención sería «desacreditar» al organismo regulador.

No obstante, sí ha pedido disculpas a los diputados por no haber presentado el plan de comunicación para mejorar la información pública sobre la actividad del CSN prometido en el Parlamento para hace un año, y sobre el que ha dicho que «estará en breve».

El CSN «solo tiene responsabilidad en la seguridad y protección radiológica» 

El presidente del CSN ha insistido en numerosas ocasiones en que este organismo «sólo tiene responsabilidad en la seguridad y protección radiológica» y no entra en dictar «la política energética» del país, ni sus decisiones en torno a la misma, como el caso de una posible reapertura de la central de Garoña (Burgos) o la extensión de la vida útil de las plantas nucleares hasta los 60 años.

Sobre esta central ha sentenciado que el CSN «no puede dejar de hacer informes sobre Garoña si el Ministerio de Industria los pide», si bien esto no indica que este órgano esté a favor o en contra de un reinicio de su actividad, que cesó en diciembre de 2012.

La central burgalesa ha contado en los últimos años con «supervisión y seguimiento especifico, adaptado a su situación actual», ha añadido.

Martí ha asegurado que «todas las instalaciones nucleares funcionaron de forma segura en España» durante 2014 y 2015 -los años en los que se le había pedido cuentas-, y que «la calidad ambiental de las mismas se mantuvo sin riesgo para las personas».

También ha dicho que el 98 % de las decisiones aprobadas por el pleno del CSN en los dos últimos años se han adoptado por unanimidad, y que las actas de estas reuniones están disponibles para su consulta general. EFEverde