Esta organización ecologista ha informado de que hace dos décadas se incluyó en la legislación, a través del artículo 28 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, la obligatoriedad de eliminar todas las construcciones que hubiera tanto en cauces como en zonas de alto riesgo de inundación.
«A pesar de que este artículo lleva en vigor en España desde hace 17 años, las diferentes administraciones no lo han aplicado, y han permitido seguir construyendo en estas zonas, por lo que el riesgo de que sucesos como el de Sant Llorenç se repita en otros lugares es cada vez mayor«, reiteró el grupo ecologista en un comunicado.
Según Ecologistas en Acción, la ocupación irregular de los cauces por parte de construcciones de cualquier tipo y «produce un grave daño ambiental, además de constituir un riesgo para la vida de las personas».
Ecologistas en Acción estima que existen unas 40.000 construcciones distribuidas por el Estado situadas en cauces y zonas de alto riesgo de inundación, y que la mayoría son viviendas.
«A lo más que han llegado las administraciones es a identificar estas zonas, pero lo cierto es que no actúan sobre esas construcciones», ha apuntado. EFEverde
