Las inversiones en la minería y otras industrias extractivas han aumentado de forma acelerada en los últimos años, a medida que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo buscan responder a las crecientes demandas energéticas y tecnológicas de sus poblaciones.
Solo en 2025, más de 70 mil millones de dólares se destinaron a sectores como la infraestructura, la agroindustria y la silvicultura, la salud y la educación. Sin embargo, esta carrera por minerales como el litio, el cobalto y otros elementos de tierras raras, ahora considerados minerales críticos, está poniendo en riesgo tanto a las personas como al planeta.
Por ello, la Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector privado del Banco Mundial, debe fortalecer sus estándares ambientales y sociales, y garantizar que se apliquen de manera efectiva en todos sus proyectos.
La urgencia se hace evidente por el momento actual. Las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se celebrarán del 13 al 16 de abril de 2026 en Washington, D.C. Al mismo tiempo, la Corporación Financiera Internacional (IFC) está revisando su Política de Sostenibilidad y sus Normas de Desempeño.
Estos encuentros reúnen a representantes de instituciones financieras, organizaciones de desarrollo y la sociedad civil para debatir sobre el desarrollo internacional, las finanzas y la economía global. En un momento histórico en el que el panorama geopolítico es cada vez más incierto y el sistema internacional basado en reglas muestra señales de debilidad, las instituciones de Bretton Woods desempeñan un papel clave en la configuración de la cooperación económica y el desarrollo, así como en la determinación del destino de importantes flujos financieros.
Las normas de la IFC tienen un impacto que va mucho más allá de la propia institución. La IFC marca estándares en la industria. Otras entidades financieras del sector privado, como la Corporación Interamericana de Inversiones (IDB Invest) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), basan sus propias políticas de salvaguardas ambientales y sociales en estas Normas de Desempeño.
Muchas instituciones financieras privadas son reacias a adoptar políticas más estrictas que las de la IFC, lo que amplifica su influencia en los mercados globales.
Lamentablemente, la Corporación Financiera Internacional (IFC) sigue apoyando proyectos que no cumplen con los estándares ambientales y sociales en distintas partes del mundo, incluidos proyectos mineros. La campaña “Legado de 80 años de daño del Banco Mundial”, impulsada por la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo y sus aliados, documenta múltiples proyectos vinculados a la IFC en los que se han denunciado desalojos forzosos, ataques contra defensores, violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos.
En el distrito de Kiryandongo, en el oeste de Uganda, por ejemplo, un proyecto agroindustrial ha provocado el secuestro, la tortura, detenciones y el desplazamiento forzado de defensores de derechos humanos.
De manera similar, en Argentina, el Proyecto Sal de Vida, una inversión para la construcción y operación de una planta de producción de litio, ya rentable pero con riesgos, está generando preocupación. Tal como está diseñado, es probable que cause daños ambientales permanentes a un ecosistema único, mientras que los beneficios concretos para las comunidades locales siguen siendo poco claros.
Al mismo tiempo, miembros de la sociedad civil argentina que se han opuesto a proyectos mineros, incluidos pueblos indígenas, han enfrentado una creciente criminalización por parte del gobierno actual del país.
En Open Society Foundations apoyamos a nuestros socios para que participen directamente con la Corporación Financiera Internacional (IFC) en la revisión de sus Normas de Desempeño, y para movilizar de manera significativa a otras organizaciones de la sociedad civil en este proceso.
Nuestros socios abogan por una mayor transparencia; mecanismos sólidos de debida diligencia en derechos humanos que consideren los impactos sobre las personas defensoras; requisitos firmes de participación pública (incluyendo a los pueblos indígenas), y sistemas accesibles de quejas y reparación cuando se produzcan daños.
Entre las salvaguardas clave para la protección de las personas defensoras de derechos humanos se encuentran el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la consulta comunitaria continua y exhaustiva a lo largo de todo el ciclo de vida de cada proyecto.
La IFC necesita implementar estándares ambientales y sociales más rigurosos en sus proyectos.
Las violaciones contra las comunidades y los daños al medio ambiente, que afectan a áreas importantes de biodiversidad, deben terminar.
A medida que comienzan las Reuniones de Primavera, esta revisión paralela no debe pasar desapercibida.
Los mecanismos de prevención y rendición de cuentas dentro de los proyectos de la IFC deben fortalecerse y aplicarse efectivamente, para que las personas puedan sentir de manera real los efectos de estas políticas y normas de sostenibilidad revisadas y renovadas.
Julia Nobre es abogada con un máster en Derecho Mercantil Internacional y un máster en Relaciones Internacionales, y ocupa actualmente el cargo de directora de programas de la iniciativa «Protecting Rights Defenders» en Open Society. Su labor se centra en la protección integral de los defensores del medio ambiente, de la tierra y de los pueblos indígenas.
The World Bank’s Standards Are Failing Communities. By Julia Nobre
Investments in mining and other extractive industries have skyrocketed in recent years, as both developed and developing countries scramble to meet the growing energy and technological demands of their populations. In 2025 alone, more than $70 billion flowed into sectors including infrastructure, agribusiness and forestry, health, and education. But this rush for minerals like lithium, cobalt, and other rare earths, now considered critical minerals, is putting people and the planet at risk.
This is why the International Finance Corporation, the World Bank’s private sector arm, must strengthen its environmental and social standards and ensure they are meaningfully enforced across its projects.
The urgency is underscored by timing. The World Bank and International Monetary Fund Spring Meetings will take place on April 13-16, 2026, in Washington, D.C. At the same time, the IFC is reviewing its Sustainability Policy and Performance Standards. These convenings bring together representatives from financial institutions, development organizations, and civil society to discuss international development, finance, and the global economy. In a historic moment when the geopolitical landscape looks so uncertain, and the rules-based international system so weakened, the Bretton Woods institutions play a key role in shaping economic cooperation and development and determining the destination of significant financial flows.
The IFC’s standards matter far beyond the institution itself. The IFC is an industry setter. Other private sector financial organisms including the Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) and the U.S. International Development Finance Corporation (DFC), base their own environmental and social safeguards policies on the Performance Standards. Many private sector financial institutions are reluctant to adopt policies of a higher standard than the IFC’s, amplifying its influence across global markets
Unfortunately, the IFC continues to support projects that fail to comply with environmental and social standards all over the world, including mining projects. The campaign, “World Bank’s 80 year legacy of harm,” by the Coalition for Human Rights in Development and its partners, cite multiple IFC-linked projects where forced evictions, attacks on defenders, sexual violence, and human rights violations have been reported. In the Kiryandongo District, in western Uganda, for example, an agribusiness project has led to the abduction, torture, arrests, and forced displacement of human rights defenders.
Similarly, in Argentina, the Sal de Vida project, an investment for the construction and operation of an already profitable and hazardous lithium production plant, is raising concern. This project, as it is designed, is likely to cause permanent environmental harm to a unique ecosystem, while the tangible benefit to the local communities is still unclear. Meanwhile, members of Argentinian civil society who have been resisting mining projects, including Indigenous peoples, have faced significant criminalization by the country’s current government. These are not isolated incidents and point to a systemic gap in how risks are identified, prevented, and addressed.
We, at the Open Society, support partners to directly engage with the IFC in the review of its Performance Standards, and to rally other civil society partners to meaningfully mobilize in this process. Our partners are advocating for increased transparency; robust human rights due diligence mechanisms that consider impacts on defenders; strong public participation requirements (including for Indigenous peoples), and accessible grievance and remediation systems for when harm occurs. Key safeguards for the protection of human rights defenders are Free, Prior and Informed Consent (FPIC), and ongoing, thorough community consultation throughout each project’s lifecycle.
The IFC needs to implement higher environmental and social standards in its projects. The violations against communities and the damage to the environment, impacting important biodiversity areas, need to end. As the Spring Meetings begin, this parallel review should not be overlooked. Prevention and accountability mechanisms within IFC projects need to be strengthened and put into practice, so real people can truly feel the effects of these reviewed and renewed IFC Sustainability Policy and Performance Standards.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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