La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, opina, sucede con esta iniciativa de Baleares.
Ayer mismo, la portavoz del PP en el parlamento balear, Marga Prohens, reconoció que fue un error que su grupo votara a favor de la proposición de ley para prohibir esas prospecciones cuya tramitación ha vetado el Gobierno y hoy mismo ha confirmado la Mesa del Congreso.
«Quizá nos deberíamos haber desmarcado», admitió ayer Prohens.
El argumento del Ejecutivo para vetar la tramitación de esa proposición de ley es que contempla un posible pago de indemnizaciones a las empresas con concesiones en el Mediterráneo.
Un pago que el Gobierno quiere evitar y que avala su derecho al veto al generar un aumento de los gastos presupuestarios. Efeverde
