El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la ilegalidad del complejo turístico extremeño “Marina Isla de Valdecañas” en sendos fallos que confirman la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y ordenan la “reposición de los terrenos” a la situación anterior al proyecto.
De esta forma, el tribunal ordena, literalmente, la “reposición de los terrenos” a la situación en que estaban antes de la aprobación del proyecto y anula el decreto por el que la Junta de Extremadura autorizó el complejo turístico.
El Supremo desestima los recursos presentados por la Junta de Extremadura, la entidad Marina de Valdecañas S.A. y los ayuntamientos cacereños de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ya consideró ilegal el complejo turístico.
Los terrenos en los que se ubicó la “Marina…” están incluidos en la Red Natura 2000 de protección ambiental y el Supremo señala que “cuando unos terrenos” se incluyen en un régimen de protección ambiental como el citado “resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano”.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales de Extremadura y a Ecologistas en Acción-CODA, que habían impugnado el decreto que aprobó dicho plan de interés regional.
Ahora el Supremo valida todos los argumentos empleados por el tribunal extremeño al subrayar que explica de forma pormenorizada por qué debe considerarse insuficiente la motivación del decreto de aprobación del proyecto.
En ese sentido, destacó la falta de motivación en lo relativo a su incidencia socio-económica y al cambio de clasificación de terrenos que son suelo no urbanizable especialmente protegido incluidos en la Red Natura 2000.
El Supremo recuerda que la jurisprudencia, puesta en relación con la normativa comunitaria europea sobre protección ambiental, establece que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable.
El decreto impugnado fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 10 de abril de 2007.
Supuso su aprobación definitiva y dio lugar a la reclasificación y ordenación de terrenos situados en el embalse de Valdepeñas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres. El destino era la construcción del “Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas”.
Satisfacción Ecologista
El proyecto urbanístico, que ya está parcialmente construido, se ubica en una isla del Embalse de Valdecañas, enmarcada por las Sierras de Gredos y de Las Villuercas. Cuenta con importantes valores naturales por lo que forma parte de la Red Natura 2000 dada su declaración de Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA Embalse de Valdecañas), y afecta a su vez a áreas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC), explica Ecologistas en Acción en un comunicado.
La entidad ecologista ha señalado que miembros suyos han sido “atacados y amenazados”, y que incluso han tenido que abandonar sus lugares de residencia por atreverse a denunciar junto a la asociación conservacionista Adenex “este proyecto ilegal y este modelo de desarrollo para la zona, convencidos de que existen otras iniciativas que realmente supongan una alternativa sostenible para la zona”.
Ecologistas en Acción reitera que la sentencia del Supremo ordena que los terrenos vuelvan a la situación inicial, “algo que hubiera sido mucho más fácil de aplicar si se hubieran ejecutado provisionalmente las sentencias anteriores en lugar de imponerse una fianza de 41 millones de euros a las organizaciones ecologistas que denunciaron la ilegalidad”.
“La lentitud de la justicia ha provocado que ahora parte del complejo turístico esté construido”, se agrega.
Paca Blanco, símbolo de la resistencia
La denuncia contra el complejo motivo diversas polémicas. La presidenta de Ecologistas en Acción del Campo Arañuelo, Francisca Blanco tuvo que presentar diversas denuncias ante la Guardia Civil, por presuntos delitos de amenazas contra su persona. Los hechos, según constan en una de las denuncias, recogida entonces por Efe, sucedieron cuando un grupo compuesto por 5 ó 6 jóvenes arrojó piedras contra su domicilio a la par que proferían gritos, insultos y amenazas.
Según la denuncia, los jóvenes se dirigieron a la dirigente ecologista a gritos de “te vamos a echar del pueblo, te vas a enterar, mañana te van a forrar los antidisturbios”. En otra ocasión tuvo que denunciar el lanzamiento de dos cócteles molotov contra su vivienda.
EFE
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