Laura Zornoza.- EFEverde.- España defendió este jueves que las emisiones de dióxido de nitrógeno en Madrid y en Barcelona y su área metropolitana han bajado, y están ya prácticamente en niveles acordes a la directiva comunitaria, pese al incumplimiento entre 2010 y 2018, mientras Bruselas sostiene que las medidas para paliar este exceso de emisiones llegaron “demasiado tarde”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acogió este jueves la vista del caso que enfrenta a España con la Comisión Europea a raíz de la superación en Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat de los límites europeos de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) desde el año 2010 hasta al menos 2018, por el que Bruselas denunció a España ante la justicia comunitaria en verano de 2019.
[box type=”shadow” ]La Comisión, que había abierto el expediente a España ya en 2015, valoró entonces que los datos que le proporcionó España sobre las emisiones de NO2 en estas áreas confirmaban la “ruptura sistemática de las reglas europeas sobre valores de dióxido de nitrógeno”, legalmente vinculantes desde 2010 y que los Estados miembros conocían desde 1999.[/box]
En la primera vista de este caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, celebrada este jueves, la Comisión Europea afirmó que la denuncia ante la justicia comunitaria es pertinente porque la violación de las directivas europeas de calidad del aire en España se ha dado de manera “sistemática y generalizada”.
La abogada de la Comisión, Eulalia Sanfrutos, recordó que para impedir el incumplimiento sistemático “no basta con que los límites no se hayan superado algunos años” ni se pueden tomar como referencia los valores medios de todas las estaciones de muestreo, ya que el exceso en un punto aislado es suficiente para considerarse que se ha infringido la norma.
España, por su parte, rechaza que “en ningún momento haya habido un incumplimiento sistemático y generalizado” de la norma, porque cree que “hay que analizar toda la tendencia completa, y ésta dice que vamos hacia el cumplimiento”, en palabras de su abogada, María José Ruiz Sánchez.
“Hay que considerar la clara tendencia al cumplimiento que ha supuesto que tanto el número de estaciones como el margen de superación haya disminuido de manera continua como resultado de las medidas adoptadas”, explicó Ruiz.
Según los datos aportados por España, la zona que comprende las comarcas del Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat no supera los límites comunitarios desde 2018 y Barcelona no lo hace desde 2020, por lo que la letrada española ve “incuestionable que en estas zonas la tendencia es total hacia el cumplimiento”.
En el caso de Madrid, desde 2020 no se supera el valor límite horario y únicamente hay una desviación en cuanto al valor anual de cerca de 0,1 microgramos por metro cúbico “que solo resulta relevante por las normas de redondeo que ha elegido la Comisión”, añadió.
La Comisión, no obstante, cree que los datos de Madrid y Barcelona en 2020 “deben valorarse con cautela” por el contexto especial debido a la pandemia, que redujo fuertemente la movilidad y actividad económica.
En cualquier caso, incidió Sanfrutos, “incluso si de verdad se confirmara que España ha puesto fin al incumplimiento, hablamos de un incumplimiento generalizado de muchísimos años”.
Medidas “insuficientes” y tardías para cumplir con la norma europea
Respecto a las medidas puestas en marcha por las autoridades de ambas zonas para paliar las emisiones, la abogada de Bruselas valoró que, en el caso de la zona de bajas emisiones de Madrid, “tal y como está planteada no es una medida suficiente”, cubre un área reducida, excluye muchos vehículos e incluye demasiadas excepciones, con muchas medidas “diferidas en el tiempo” y un horizonte de cumplimiento “bastante lejano”.
Sobre Madrid 360, aseguró que no se trata de un “plan de calidad del aire”, sino solo de una “estrategia”, y que no aporta un calendario preciso para su implementación.
En el caso de Cataluña, Sanfrutos afirmó que las medidas planteadas “no son suficientemente precisas” y consideró que “no se han puesto a disposición recursos para ejecutarlas”.
[box type=”shadow” ]En respuesta, la abogada de España pidió tener en cuenta a la hora de dictar sentencia las causas de la superación de estos límites -principalmente el tráfico- y las acciones que se pusieron en marcha para abordarlas, “medidas estructurales” que “tardan tiempo en implementarse” y “comportan cambios en la movilidad urbanas y hábitos de los ciudadanos”, lo cuál influye en el plazo de “a lo más breve posible” que exige la directiva.[/box]
La letrada de la Comisión, por su parte, coincidió en que ese plazo de la directiva puede ser interpretable, pero adujo que al entrar en vigor los valores límite en 2010 “ya se dan plazos y se tiene en cuenta que estas medidas que tienen que poner en marcha los Estados miembros van a ser importantes”.
“El problema es que el Reino de España se ha puesto en marcha demasiado tarde”, afirmó Sanfrutos.
Según datos de Bruselas, cada año más de 400.000 personas mueren prematuramente en la Unión Europea como resultado de una pobre calidad del aire y una gran cantidad de población sufre problemas respiratorios y cardiovasculares, y en España casi 9.000 muertes prematuras son atribuibles cada año al NO2. EFEverde