Madrid.- La delincuencia ambiental es «cada día más organizada, transnacional», con figuras delictivas «muy complicadas, con una prueba de los juicios también bastante complicada», que reporta enormes beneficios a los autores, y que requiere una respuesta «contundente» para combatirla, ha advertido hoy a EFE el nuevo fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino Rus.
Después del tráfico de drogas, de armas, de la trata de seres humanos, «sin ninguna duda, el tráfico ilícito ambiental es de los más preocupantes», ha destacado.
«Nos enfrentamos a veces con tramas, organizaciones o empresas muy potentes que incumplen la normativa del medio ambiente, que cometen delitos, y hay que responder a ellos», ha señalado Rufino Rus que desde el pasado 18 de marzo es el nuevo fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.
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El fiscal ha incidido en el problema de las tramas en torno a residuos en concreto, pero también se ha referido al tráfico ilícito de especies silvestres, sobre todo fauna, no solo en Europa, sino especialmente con América Latina y Asia.
«Tenemos una delincuencia organizada transnacional», ha insistido.
Hay redes de delincuencia organizada, por ejemplo, en materia de residuos peligrosos que no existían hace solo unos años y que requiere «una respuesta muy contundente».
No solamente desde la Justicia española, de la Fiscalía de Medio Ambiente, sino también de las administraciones públicas, es decir, tanto del Estado, como de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ha añadido.
En su opinión, la respuesta debe ser «colectiva», contar también con las asociaciones ecologistas, con la colaboración ciudadana y, por supuesto, con una policía muy especializada.
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Pérdidas irreparables para el patrimonio
Rufino ha hecho hincapié además en el problema del expolio arqueológico, cuyo tráfico facilita internet, y que, a su juicio, «tiene una respuesta algo liviana en nuestro Código Penal, no es realista».
«No es una normativa que se adecue a las exigencias actuales», y el fenómeno es «muy preocupante», porque genera un tráfico enorme y una pérdida de valores culturales que en la mayoría de los casos «es irrevocable, no es posible ni siquiera reparar».
Cuando se expolia un yacimiento patrimonial cultural de carácter histórico, arqueológico, no solo se pierde una o varias piezas en sí, «sino un contexto, una información histórica» que daba el suelo y que se pierde para siempre, «como si fuera un documento».
El Algarrobico es «un adefesio»
También ha destacado «el valor simbólico» del caso del hotel El Algarrobico (Almería), que calificó de «un adefesio» y «una verdadera patada a la vista», ya que ha hecho reaccionar a la sociedad contra «los desmanes urbanísticos».
El fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo ha recordado que, aunque el caso continúe sin resolución definitiva, existen garantías del Estado y la comunidad autónoma andaluza para proceder a su demolición.
El problema del hotel de El Algarrobico es «enormemente complejo»; desde el punto de vista jurídico, confluyen distintos procedimientos, distintas licencias concurrentes, distintos procedimientos judiciales…., ha justificado.
Más allá del «desastre ambiental» que ha supuesto este edificio levantado en línea de playa, ha dicho, se trata de un caso que ha permitido «llamar mucho la atención acerca de los desmanes urbanísticos» en España durante algunos años y «se ha reaccionado» a ello.
Además de ayudar a alertar a la población acerca del problema, el caso ha contribuido a visualizar la necesidad de implicar más a los protagonistas en el tema de las licencias urbanísticas, a los ayuntamientos, ha resaltado el fiscal de Sala contra los Delitos relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico, del Medio Ambiente e Incendios Forestales.
A su juicio, es «una vergüenza» que prosiga abierto el proceso legal del caso, pendiente aún de resolución, y ha destacado el esfuerzo de los fiscales de medio ambiente y los juzgados en la lucha contra la delincuencia urbanística.
«Hemos conseguido mucho porque el Tribunal Supremo hace muchos años que dice que la regla general, para cualquier construcción ilegal, que no nos engañemos suelen ser segundas viviendas -ha manifestado-, es la demolición».
«En ese empeño llevamos muchos años con un éxito aún relativo, pero no nos vamos a desanimar por ello», ha añadido. EFE Verde
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