El proyecto de Repsol ha superado en España el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ha obtenido el aval del Tribunal Supremo -que desestimó los diferentes recursos presentados por las administraciones públicas canarias y los ecologistas- y no ha encontrado hasta la fecha reparos por parte de la Comisión Europea.
Izquierda Unida recuerda que se han presentado nuevas quejas en Bruselas por parte de los colectivos ecologistas y las administraciones canarias, con el apoyo de diputados de diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo.
Asimismo, subraya que el Gobierno de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han interpuesto nuevos recursos ante los tribunales para pedir la suspensión cautelar de la licencia que permite a Repsol hacer hasta tres prospecciones en el Atlántico, a 50 kilómetros de las costas del archipiélago.
IU recuerda que las prospecciones son «inminentes» -Repsol espera comenzarlas este mes-, por lo que estima que el Gobierno central debería aplicar «el principio básico de precaución» y suspender esas licencias «hasta haber concluido definitivamente las investigaciones abiertas en el ámbito europeo, así como los procesos jurídicos actualmente en curso en los tribunales de Justicia Españoles». EFEverde
