Almería.- La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha presentado su escrito de conclusiones ante la Audiencia Nacional en el que desmiente que la situación actual de Palomares (Almería) suponga un riesgo para la salud o el medio ambiente, por lo que ha rechazado que el Estado se tenga que encargar de su limpieza.
En el documento, al que ha tenido acceso EFE, el Estado ha solicitado la inadmisión o desestimación del recurso de la Federación de Ecologistas en Acción-Almería, argumentando que no existe base legal, científica ni técnica para obligar a la limpieza inmediata de las tierras.
La representación legal del Estado ha iniciado su escrito solicitando al tribunal que declare la preclusión del plazo de las conclusiones de la parte recurrente y proceda a su desglose y devolución, alegando que fueron presentadas fuera de término.
En el plano científico, el Estado ha fundamentado su postura en los datos recabados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que, tras sesenta años desde el accidente de 1966, no se han registrado eventos radiológicos ni evidencias de daño a la salud.
Según el informe, se han realizado 5.029 exámenes médicos a 1.077 personas sin detectar ninguna patología específica inducida por la radiación.
Palomares, 59 años a la espera de que se ordene una descontaminación
Respecto a la dosis que recibe la población, el Estado ha cifrado la exposición actual por debajo de los 0,1 milisievert al año (mSv/año), cantidad muy por debajo del nivel de referencia de 1 mSv/año establecido por el CSN para la zona y es un orden de magnitud inferior al límite anual fijado para el público en general.
Con estas cifras, la Abogacía del Estado ha calificado de «demagógica» la afirmación de que los habitantes puedan recibir legalmente el equivalente a 200 radiografías de tórax al año, asegurando que nunca se ha alcanzado tal nivel.
Calificación jurídica: «exposición existente»
La Abogacía del Estado ha rechazado las definiciones de la parte demandante que califica Palomares como un «almacén nuclear ilegal» o «vertedero clandestino».
Basándose en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, ha insistido en su escrito en que la zona se encuadra en la noción de «situación de exposición existente», consecuencia de una emergencia radiológica histórica externa al control de instalaciones reguladas.
Bajo este marco normativo, el Estado ha argumentado que la gestión actual mediante restricciones de acceso, expropiación de terrenos y programas de vigilancia radiológica ambiental (PVRAP) es conforme a la ley y garantiza un estándar de protección conservador.
Ecologistas en Acción acusa al Gobierno de retorcer la ley para evitar la limpieza
El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha acusado a la Abogacía del Estado y al Ministerio para la Transición Ecológica de cambiar sus propios criterios sobre la catalogación legal de Palomares con el único fin de evitar la obligación de clausurar y limpiar de inmediato la zona contaminada.
En respuesta al escrito de conclusiones del Estado, presentado a la Audiencia Nacional (AN) y en el que se negaba que la pedanía almeriense albergara una instalación nuclear o hubiera sufrido un «accidente», Domínguez ha recordado que el propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) consideraba a Palomares como una instalación nuclear «hasta fechas recientes», debido a que allí «se almacenan materiales radiactivos».
Según el letrado, la Administración ha modificado ahora esta postura de forma deliberada. «Han cambiado de opinión porque si fuese una instalación nuclear tendrían que clausurarla inmediatamente y limpiarla», sostiene el representante legal de la organización ecologista.
Para evitar este extremo, Domínguez acusa al Ejecutivo y a la ministra Sara Aagesen de haber «inventado» nuevas denominaciones administrativas para la zona. «Se han inventado la exposición perdurable, que era la calificación que daban hace un par de años. Ahora le llaman exposición existente», critica el abogado.
Ecologistas en Acción argumenta que Palomares tampoco encaja legalmente en la figura de exposición existente si se atiende al Reglamento sobre protección de la salud contra las radiaciones ionizantes. «Una exposición existente se produce cuando ha habido una emergencia nuclear ya solucionada y ya se ha emitido un informe diciendo que está solucionado y quedan residuos», explica Domínguez.
En el caso del enclave almeriense, subraya, «no ha habido esa declaración de finalización» porque el problema «no se ha limpiado». El letrado recuerda que, tras el choque aéreo de los bombarderos estadounidenses en 1966, el plutonio esparcido en la zona no fue retirado en su totalidad: «De los nueve kilos que cayeron, se llevaron 300 gramos, según diversos autores y según el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas)».
Ante la negativa estatal a usar el término «accidente», la organización medioambiental insiste en que, llámese accidente o emergencia nuclear, se trata de un episodio que no está cerrado.
«La Ley de Accidentes, en su artículo 20, dice que se termina el accidente cuando se remedia el daño. Lo que nosotros decimos desde Ecologistas en Acción es que falta por aplicar ese artículo», concluye Domínguez, reclamando que se ejecute la limpieza para poner fin a la emergencia de forma definitiva. EFEverde
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