En la defensa de los vetos, de IU, ERC, PSOE, CIU, y Entesa, cuyos senadores han presentado dos vetos, todos los grupos han coincidido en afirmar que la norma «mercantiliza y desregula» el medio ambiente.
También han criticado la urgencia de su trámite y el hecho de que no se espere a la directiva que la UE prepara sobre este tema ya que, han afirmado, obligará a cambiar en breve la nueva ley.
El PP ha negado que la norma suponga una involución del control ambiental y ha defendido la urgencia por la necesidad de reformas legales para resolver las ineficacias detectadas.
Fractura hidráulica y «bunkering»
La ley incluye como novedades el control ambiental de la fractura hidráulica o «fracking» y la tipificación expresa de infracciones como el «bunkering», que es el suministro de combustible de barco a barco en alta mar.
Asimismo plantea que los estudios de impacto ambiental incorporen expresamente la peligrosidad sísmica e inducida, y introduce el memorándum de trasvase Tajo-Segura.
La norma, controlará, ente otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica, que consiste en extraer gas del subsuelo de las rocas mediante inyecciones de agua y productos químicos.
El texto, que regulará el análisis de viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción, etcétera) de acuerdo a sus impactos ambientales, reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media en la actualidad.
Otra novedad de la ley es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático, y crea un nuevo instrumento llamado «bancos de conservación de la naturaleza» para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas que se causen a la naturaleza en la realización de obras o proyectos.EFEverde
