Información actualizada con la respuesta de la plataforma ciudadana el 19 may.
Cantalejo (Segovia), 15 may (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado al «respeto» y «cumplimiento» de la norma a la hora de valorar el proyecto de la empresa Erimsa de abrir una gran mina de cuarzo en el nordeste de Segovia, plan que la mayoría de vecinos afectados han rechazado. En un comunicado la plataforma ciudadana recuerda al presidente Castellano Leonés que «estos proyectos afectan también a normativas vigentes que protegen el territorio».
Durante una visita a la localidad segoviana de Cantalejo, Mañueco ha sido preguntado acerca de este plan, para el que la empresa Erimsa, una filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar, ha pedido autorización a la Junta.
La mina ocuparía 1.692 hectáreas en seis pueblos de la provincia y los alcaldes de estas localidades -dos del PP y cuatro del PSOE- han presentado alegaciones porque consideran que tendría «muchos perjuicios» y ningún beneficio económico para la zona.
Hoy Mañueco ha señalado que en este tipo de cuestiones «hay que valorar todas las implicaciones que existen»: por un lado, «la posibilidad de que haya oportunidades de empleo y de futuro» y, por otro, el respeto a las normas medioambientales.
A continuación, ha lanzado un mensaje de «compromiso» con el medio rural en cuanto a servicios públicos y a la creación de empleo en el medio rural, no solo en el campo, sino también en el turismo, en la hostelería, la industria y otros sectores.
Sobre la mina, se ha referido a lo ya expresado sobre este asunto el pasado sábado en Segovia por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Al ser preguntado por este tema, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que «la Junta de Castilla y León no es una administración que otorga o niega por capricho o por voluntad política» este tipo de autorizaciones.
Ha recordado que la legislación europea, nacional y autonómica es «muy exigente» en cuanto a la documentación, como la declaración de impacto medioambiental, que es realizada «con informes técnicos no de políticos, sino de personal funcionario»
«Por lo tanto, si pasa el plácet de los requisitos medioambientales, es un acto obligado conceder autorizaciones; porque es que, si no se conceden, los tribunales las concederán y, si las concedemos sin el plácet ambiental adecuado, los tribunales las echarán abajo», ha concluido.
Plataforma: El proyecto afecta a normativa que protege el territorio
La Plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste Segoviano considera que, la oposición al proyecto va más allá de la contundente oposición ciudadana, estos proyectos afectan también a normativas vigentes que protegen el territorio.
Desde la Plataforma indican al Presidente que consideran que estos proyectos mineros vulneran la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León y la ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, cuyo objetivo es Ggarantizar y fomentar la actividad agraria y agroalimentaria como ejes vertebradores de las zonas rurales, tanto en su dimensión económica como en su carácter social, ambiental” y (…) “conservar y consolidar la biodiversidad, con especial atención a la agrodiversidad, compatibilizando las funciones productivas en el medio rural con su sostenibilidad ambiental.”
De hecho, detallan en su escrito los vecinos y agricultores, este apoyo a la agricultura está desarrollado en el artículo 16.1 de esta ley donde se pone especial énfasis en las zonas rurales calificadas como de agricultura de montaña, como son las del Nordeste de Segovia: Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el mantenimiento y la mejora de una actividad agrícola, ganadera y forestal suficiente y compatible con un desarrollo sostenible del medio rural, en particular en las zonas rurales prioritarias o calificadas como de agricultura de montaña (…)
Estos proyectos mineros destruirán la estructura del suelo, degradarían la calidad de los terrenos agrarios y la tranquilidad, medio natural y paisaje que hacen atractiva la zona para el turismo rural sostenible, por lo que se produce una vulneración de normas y objetivos, incompatibles con el proyecto minero por su extensión territorial, duración y características invasivas y de impacto sobre el territorio.
Afección a la Red Natura 2000 de la Unión Europea
Por otro lado, de la documentación presentada y la normativa existente no se puede deducir que la actividad minera solicitada se contemple como actividad permitida por los Planes Básicos de Gestión de espacios y de Valores Red Natura 2000 que se localizan en la ZEC “Riberas del río Duratón”, por lo que la actividad minera que pueda tener afección sobre este hábitat protegido constituirían un uso prohibido, aunque se realice fuera de la propia área ZEC, explican.
La Red Natura 2000 es el sistema de protección de espacios y valores naturales más importante de la Unión Europea. Se trata de una red ecológica de ámbito europeo que tiene como objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad en el continente. Esta red está configurada y regulada por dos directivas europeas: la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva Aves y la Directiva 92/43/CEE Directiva Hábitats.
Por otra parte, la Plataforma considera que el proyecto minero vulnera el derecho de los ciudadanos a participar en las políticas del paisaje, y los principios y normas jurídicas en que se sustenta, porque no ha valorado adecuadamente los impactos sobre el patrimonio paisajístico y su repercusión sobre los habitantes y personas visitantes del entorno donde se pretende realizar la intervención minera. Dar el visto bueno a esta mina vulneraría el Convenio Europeo del paisaje, aprobado en Florencia el 20 de octubre de 2000, detallan.
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