Actualiza la información del 11 de junio con el anuncio de recurso por parte de la Xunta (PP) el 20 de junio.
Santiago De Compostela, 11 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha suspendido de forma cautelar en aplicación del principio de precaución ambiental la resolución de la Xunta que reactiva la caza del lobo en la temporada 2024/2025, al entender que «podría afectar a la viabilidad de las poblaciones».
La Sala ha estimado la solicitud de WWF y decretado la suspensión cautelar de la resolución autonómica mientras se resuelve el fondo del litigio. El tribunal precisa que la medida adoptada se limita al régimen de gestión del lobo para la temporada 2024/2025, sin afectar al resto del calendario cinegético contenido en la Resolución de 27 de marzo de 2024, que también ha sido recurrida por otras vías.
El alto tribunal gallego explica en el auto que las medidas de gestión del lobo de la resolución buscan «prevenir y paliar» los daños a la ganadería. Sin embargo, recalca que «no se ofrece información ni cualitativa ni cuantitativa» sobre estos daños y que, aunque «no son reversibles, sí son indemnizables».
Por tanto, al ponderar entre la protección de la viabilidad de las poblaciones de lobo y esos daños en la ganadería, el tribunal ha aplicado el principio de precaución ambiental y ha accedido a paralizar de manera cautelar la resolución.
Galicia puede marcar un precedente como primera comunidad que paraliza la caza del lobo
Para «conocer el estado de conservación» de las poblaciones de lobo al norte del Duero, la Sala remite a un informe de la Comisión Europea publicado en 2024, que «representa un retroceso en la población total».
También acude a los datos del censo del lobo ibérico en Galicia 2021-2022 elaborado por la Xunta, en el que se observa que «el incremento, limitado, de manadas se produce en la mayoría de las áreas compartidas», con Castilla y León, Asturias o Portugal.
Los restantes incrementos, salvo en el área de Lugo, con tres manadas, no son «significativos», añade.
Los magistrados advierten que el incidente cautelar «no puede anticipar el sentido de la resolución final del litigio en lo que atiende al fondo del debate».
También recuerdan que, conforme la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «el principio de precaución se impone tanto en el área concernida por la resolución como en la evaluación extensa, que integra a áreas limítrofes, pero teniendo que ser favorable el estado de las poblaciones en ambos escenarios y no solo en uno de ellos».
Y añaden que, por el momento, existen «indicios consistentes» de que hay una «calificación desfavorable respecto del estado de las poblaciones».
La resolución que paraliza el TSXG sólo se aplica a la temporada de caza 2024/2025, que termina el 31 de julio.
La temporada 2025/2026 está regulada en otra resolución posterior de la Xunta, del 10 de abril, a la que no afecta esta decisión de los magistrados.
Recurso de la Xunta
El 20 de junio, la Xunta anuncio la presentación un recurso de reposición contra la suspensión cautelar de la caza del lobo decretada por el TSXG.
La Consellería de Medio Ambiente ha informado este viernes de que se ha recurrido el auto del 10 de junio que suspendía de forma cautelar, aplicando el principio de precaución ambiental, la resolución de la Xunta que reactivaba la caza en la temporada 2024/2025 al entender que «podría afectar a la viabilidad de las poblaciones».
El recurso incide en que el estado de conservación del lobo es «favorable», ya que el número de manadas en Galicia, que concentra el 68 % del total peninsular, pasó de 90 a 93 en el último censo.
«El hecho de que se incrementasen aquellas compartidas con otras comunidades autónomas, lejos de poder interpretarse como un dato negativo, muestra justo lo contrario: saturada la capacidad del territorio -el lobo abarca el 91 % de Galicia-, la especie se extiende a nuevas áreas», ha insistido la Xunta.
El lobo ibérico estaba incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pero una enmienda del PP a la ley contra el desperdicio alimentario, apoyada por Vox, Junts y el PNV, retiró a las poblaciones al norte del Duero de esa lista el pasado marzo. EFEverde
pfm/jrs/cc
Para saber más: M.CAUTELAR ART 131 LRJCA_anonimizado
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