Ana Tuñas Matilla
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado este lunes con el voto a favor de la mayoría de las comunidades autónomas el informe elaborado por Galicia que asegura que la situación del lobo es favorable en dos de las tres regiones en que se divide su hábitat en España, mientras que el Gobierno central defiende el suyo, que indica que la situación de la especie es desfavorable en todo el país.
Según han informado a EFE Verde fuentes conocedoras de la votación llevada a cabo en el seno de la Sectorial, todas las autonomías han apoyado el documento elaborado por la Xunta, excepto País Vasco y Castilla-La Mancha, que se han abstenido, y Cataluña, que al igual que los representantes del Ejecutivo, ha votado a favor del informe del Ministerio para la Transición Ecológica.
El Gobierno revisará datos antes de remitir el informe a Bruselas
Aunque la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado la propuesta defendida por Galicia, aún está por ver si ésta será la que se remita a la Comisión Europea, a la que cada estado miembro debe enviar periódicamente un informe sobre el estado de conservación de las especies protegidas por la Directiva Hábitats.
Enviar a Bruselas el informe que concluye que la situación de la especie es favorable abriría a las autonomías la posibilidad de aprobar planes para el control letal de poblaciones para reducir los ataques al ganado.
Según otras fuentes conocedoras del contenido de la reunión de este lunes, la documentación aportada por las comunidades autónomas ha sido recibida recientemente (hasta esta mañana no han podido cargar los datos en la aplicación de la Sectorial), y deberá analizarse para comprobar su adecuación a los requisitos metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea, antes de su remisión.
Posturas encontradas
Durante la Sectorial, que ha estado presidida por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el Ministerio ha defendido que su informe sexenal ha sido elaborado por sus servicios técnicos a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, y toda la documentación técnica y científica recabada durante el proceso de elaboración y revisión del documento.
Según fuentes del Ministerio, Transición Ecológica considera que la propuesta alternativa respaldada por varias comunidades autónomas no se ajusta a los criterios metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea, mientras que la suya se fundamenta exclusivamente en criterios técnicos y científicos y en la obligación de garantizar que la información reportada responda a los requisitos establecidos por la normativa europea.
Por su parte, Galicia se ha felicitado por el hecho de que, tras un año de obstáculos y sucesivos aplazamientos por parte del Gobierno, el informe que concluye que la situación de la especie en España es favorable ha salido adelante con los votos favorables de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En un comunicado remitido por la Xunta, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha expresado su satisfacción porque, según asegura, «la propuesta que se remitirá a Europa confirma que el trabajo realizado por las comunidades autónomas fue correcto y ratifica que no existe base científica para justificar que cuente con un régimen de protección especial».
Lo que dice la ciencia
Durante el proceso de información pública al que se sometieron los informes, la Sociedad Ibérica para Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM) y la Sociedad Científica para el Estudio y Conservación de los Grandes Depredadores y sus Hábitats Naturales (DIRUS) aseguraron que el estado de conservación del lobo es desfavorable y alertan de que la revisión de la especie no puede basarse sólo en una estimación numérica de manadas.
Entre otros factores que deberían tenerse en cuenta en la evaluación, destacan la elevada endogamia y escasa variabilidad genética de las poblaciones españolas y portuguesas, que deben considerarse como una única y que se encuentran aisladas de las del resto de Europa, la degradación y fragmentación de su hábitat o la elevada mortalidad por causas no naturales (furtivismo, caza legal para control de poblaciones, atropellos, envenenamiento, etc).
En paralelo, la prima Lista Roja de España con criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) califica al lobo como especie «vulnerable» debido a que el número de individuos adultos que se calcula que hay en el país no permite asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo.
Ley de Desperdicio Alimentario
Desde la entrada en vigor en abril de 2025 de la Ley de Desperdicio Alimentario, que supuso una rebaja en la protección nacional del lobo con la salida de las poblaciones al norte del Duero del Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (LESPRE) , la Conferencia Sectorial, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debe aprobar los informes sexenales a los que obliga la directiva Hábitat antes de su remisión a Bruselas.
El informe era elaborado hasta entonces por el Ministerio con los datos reportados por las propias comunidades autónomas y remitido directamente a la Comisión sin tener que recabar el visto bueno de éstas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Este organismo reúne a Ejecutivo central y autonomías para abordar cuestiones como la protección de especies de fauna y flora silvestre.
El año pasado, el Gobierno, siguiendo la misma metodología que en años anteriores, elaboró el informe sexenal 2019-2024, que concluía que aunque la situación de la especie había mejorado, seguía siendo desfavorable en todas la regiones (atlántica, mediterránea y alpina), pues, entre otras cuestiones no se han alcanzado las 500 manadas que la ciencia indica que se necesitan para garantizar su futuro (se calcula que hay unas 333).
Las comunidades loberas expresaron su descuerdo y la Xunta elaboró un informe que asegura que el estado de conservación de la especie es favorable en las regiones atlántica y mediterránea. Defienden que las poblaciones han aumentado en Galicia, Asturias y Cantabria, fundamentalmente, y con ello los ataques al ganado.
Control letal de poblaciones y dudas jurídicas
Tanto el Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han emitido diferentes sentencias en las que recuerdan a las comunidades que permiten la caza del lobo con fines de control poblacional, que éste sigue protegido por la directiva Hábitats y que sólo se pueden sacrificar ejemplares si no hay otra alternativa y siempre que no se ponga en riesgo a la especie. Además, la caza debe ser selectiva y no por cupos, como se hace hasta ahora.
El Defensor del Pueblo ha recurrido la desprotección del lobo ante el Tribunal Constitucional, ante el que el Tribunal Superior de Xutiza de Galicia (TSXG) ha elevado una cuestión de incostitucionalidad para que se pronuncie sobre la legitimidad de la ley a través de la que se ha llevado a cabo.
Entre otras cuestiones, el alto tribunal gallego señala que no se puede obviar que la desprotección se ha hecho prescindiendo de trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en el procedimiento administrativo de modificación del LESPRE.
“Con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen correspondiendo- a la Administración General del Estado”, señala el TSXG en un auto, que añade que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, pues entiende que debería “basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea”.
Legitimidad
Por su parte, el jurista Pedro Brufao ha elaborado un dictamen que concluye que tanto la Conferencia Sectorial como la Comisión Estatal son órganos de debate e intercambio de información cuyos acuerdos no se pueden imponer a quienes manifiestan su voto en contra, así como que el Estado es el único competente para presentar el informe sexenal al que obligan la normativa Europea.
La pretensión de que un informe redactado por las comunidades autónomas sea el que mediante votación se remita a la Comisión Europea carece de todo amparo jurídico y es nula de pleno derecho porque se vulnera el régimen de competencias en la materia, según el jurista, que considera especialmente grave que algunas comunidades autónomas pretendan influir más allá de sus límites territoriales.
El dictamen, que ha sido remitido al Ejecutivo, fue solicitado por el Fondo para la Conservación del Lobo que prevé solicitar, por vía judicial, la nulidad de todo lo sucedido desde julio del año pasado, cuando se produjo una votación en la Comisión Estatal de Biodiversidad, por considerarla nula de pleno derecho al ser el Gobierno el único competente en la materia. EFE Verde
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El lobo, incluido en la Lista Roja Nacional de la UICN como especie vulnerable
