Efeverde.- El pretendido “reverdecimiento” contemplado en la última reforma de la Política Agraria Común (PAC), que obligaba a las explotaciones agrarias a incluir Superficies de Interés Ecológico (SIE) para optar a los llamados “pagos verdes“ o “greening”, se ha quedado en “mínimos”.
Así lo han denunciado las organizaciones SEO/BirdLife y WWF tras conocer el último estudio del Instituto Europeo de Política Medioambiental (IEEP, por sus siglas en inglés), que señala que las SIE que se plantearon en la última reforma de la PAC no aportarán beneficios para la naturaleza.
En consecuencia, añaden las organizaciones ecologistas en una nota, la Comisión Europea “debería plantear las modificaciones necesarias para solventar esta situación en los estados miembros donde se haya detectado”.
Mejoras para la biodiversidad
El objetivo de esas superficies, explica la nota, es mejorar el estado de la biodiversidad asociada a los sistemas agrarios europeos y son obligatorias para explotaciones de cultivos herbáceos -como los cereales, la patata o la remolacha- a partir de 15 hectáreas, de las cuales al menos el 5 por ciento debe estar destinado a ellas.
Sin embargo, insisten las ONG, se han concedido los “pagos verdes“ sin ningún requisito a sectores completos, como el olivar (y el resto de cultivos leñosos), donde prácticas agrarias insostenibles hacen que se registren las mayores tasas de pérdida de suelo fértil en determinadas zonas.
Según el estudio, las opciones que podrían tener mayor impacto positivo sobre la biodiversidad, como son la inclusión de elementos paisajísticos (linderos, setos, charcas, etc), no han tenido la atención que merecían por parte de los Gobiernos encargados de aplicar la nueva PAC.
Además, las superficies de interés ecológico han acabado formando parte en su mayoría del plan de cultivo de las explotaciones con un objetivo más productivo o agronómico que ambiental.
Justificar los pagos verdes
De acuerdo con el compromiso adquirido por las instituciones europeas en la negociación de la última reforma de la PAC, en los próximos meses tendrá que finalizar el proceso de revisión de los “pagos verdes“.
Las organizaciones ecologistas recuerdan que estos pagos cuestan 12.000 millones de euros al año, “un dinero que no debería emplearse en mantener prácticamente la misma situación que se pretendía mejorar”.
Por ello, reclaman que el debate sobre el futuro de la PAC post-2020, que ya se ha iniciado, “aborde estos problemas sin resolver” y dejen de concederse subvenciones públicas en base a argumentos ambientales de manera injustificada.
Del mismo modo, consideran que un verdeo bien diseñado no sólo aportaría beneficios ambientales y climáticos, sino que contribuiría a asegurar el futuro de la propia agricultura.
