La finalidad de las diligencias solicitadas ante la fiscalía de la Audiencia Provincial, según ha explicado a su salida el secretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Pedro Mazón, no es otro que «depurar las responsabilidades tanto penales como civiles que se hayan podido derivar de este episodio, que ha ocasionado la pérdida de seis vidas humanas e ingentes daños materiales por decisiones u omisiones de los directivos».
En concreto, se recogen los posibles delitos de «imprudencia temeraria con resultado de muerte y estragos», ha explicado Mazón, quien ha anunciado que «no descarta» ampliar la petición respecto de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.
«Al parecer», ha continuado sobre la CHS, «tiene retenidos diversos proyectos paralizados desde 2018, precisamente de obras de mantenimiento y mejora del río Segura hasta la desembocadura en Guardamar, que ni siquiera ha licitado y que, de haberse materializado, hubieran contribuido a paliar las consecuencias de la riada sufrida en la comarca».
Mazón ha señalado que el escrito recoge también la solicitud a las administraciones para que «nos faciliten una serie de certificaciones y, en función de las contestaciones y de las interpelaciones parlamentarias que han presentado este jueves diversos grupos políticos en el Congreso, ampliaremos la petición a los cargos que resulten responsables».
El secretario del Juzgado de Aguas, órgano que representa a la huerta tradicional, ha hecho hincapié en que «el mayor daño en la Vega Baja y, especialmente Orihuela y los pueblos de alrededor, lo ha hecho la rambla de Abanilla».
«Existen tres proyectos, todos con evaluación de impacto ambiental, presupuestados en 22,7 millones de euros que no se han ejecutado», ha protestado. EFEverde.
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