La portavoz de Greenpeace para asuntos nucleares, Raquel Montón, cree que los trabajadores de la central de Santa María de Garoña tendrán su futuro “asegurado” para varios años pese al cierre definitivo de la planta atómica.
En declaraciones a Efe, Montón cree que la plantilla directa de la planta, algo más de doscientos trabajadores, podrá acogerse a jubilaciones o traslados.
La situación es más complicada para los doscientos empleados de empresas subcontratadas por Nuclenor, la propietaria de la central de Garoña, aunque la portavoz ecologista se ha mostrado convencida de que los servicios que prestan encajan en su mayoría con tareas que se tienen que seguir realizando durante el desmantelamiento, que puede prolongarse “durante quince o veinte años”.
Raquel Montón ha recordado las conclusiones del estudio que Greenpeace encargó a una consultora, que estimó que el cierre de todas las nucleares españolas generaría unos 100.000 puestos de trabajo durante los años que durara su desmantelamiento.
Desmantelamiento, coste
En su opinión, el principal problema de un supuesto de este tipo es que el fondo que se creó para que la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) asuma el desmantelamiento y al gestión de residuos radiactivos no comenzó a nutrirse con fondos de las eléctricas propietarias y ahora es “claramente insuficiente”.
En este sentido, ha aludido al contenido del Plan General de Residuos Radiactivos, que “se aprobó en 2006 pero caducó en 2010, por lo que ha quedado obsoleto y tendría que actualizarse“.
El plan estima que el coste de desmantelamiento y gestión de residuos de las plantas nucleares españolas costaría 20.200 millones de euros, mientras que el fondo creado para estas labores está dotado en este momento con menos del treinta por ciento de esa cantidad.
La portavoz de Greenpeace en materia nuclear ha precisado que el coste total se estimó considerando que la actividad de las centrales nucleares terminara a los cuarenta años, por lo que si se alarga su vida útil se incrementará el volumen de residuos y, por tanto, el coste, en una cantidad “imposible de precisar en este momento”.
En su opinión, son las eléctricas propietarias de las centrales nucleares, Iberdrola y Endesa en el caso de Garoña, las que deberían asumir los costes de desmantelamiento y gestión de residuos, porque son ellas las que han obtenido beneficios durante más de cuarenta años de funcionamiento de la planta.
Aunque el plan de desmantelamiento que se elabore para Garoña será especifico para esta planta, Montón considera que se parecerá al de la central de Zorita, cuyo desmantelamiento está en proceso y se prolongará durante o quince o veinte años.
Ha explicado que el desmantelamiento de Vandellós I, la otra centra nuclear cerrada en España, es diferente y se prolongará muchos más años, al haberse producido tras un accidente que hace más complejas todas las tareas de descontaminación. Efeverde
[box type=”shadow” ]- La empresa Ensa opta a conseguir contratos en el desmantelamiento de Garoña
- El Ayuntamiento de Vitoria urge el desmantelamiento de la central de Garoña
- Detectan residuos de cesio radiactivo en la central nuclear de Garoña
- Los trabajadores de Garoña tienen el futuro “asegurado”, según Greenpeace
- La Asociación de Municipios Nucleares, AMAC, pide un plan de desarrollo económico alternativo a Garoña
- Nuclenor opta por acatar orden ministerial y no recurrir el cierre de la nuclear de Garoña
- La nuclear de Garoña almacena más de 2.500 elementos combustibles de alta actividad
- El turismo, una de las alternativas de los municipios afectados por el cierre de Garoña
- Los municipios del Valle de Tobalina, ante un futuro sin Garoña
- ENRESA prepara la documentación para solicitar el desmantelamiento de Garoña
- Narbona: el cierre de Garoña tardará años, como el de la central de Zorita, en proceso desde 2006
- Santa María de Garoña, la nuclear más antigua y símbolo para antinucleares
