Tras la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de desestimar la petición de autorización para la construcción de una planta de uranio en la localidad salmantina de Retortillo por la empresa Berkeley Minera España, aún hay una serie de acciones abiertas en este proceso que lleva más de quince años de tramitación.
Dictamen vinculante
El Dictamen Técnico emitido este lunes por el CSN es "vinculante", según el artículo 6 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas recogido en el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, para la orden de resolución de procedimiento que cerrará el expediente y que redactará el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Según fuentes del ministerio, antes de redactar esa orden de resolución, se reunirán con los representantes de todas las partes interesadas en este caso, como la empresa, los ayuntamientos de la zona o las organizaciones no gubernamentales.
Con el informe de los técnicos del CSN, "el ministerio está obligado a denegar la autorización para la construcción de la planta de procesados de uranio en Retortillo", ha afirmado a EFE el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez Martín.
El alcalde de la localidad salmantina, que está a escasos 12 kilómetros de Retortillo y es uno de los pueblos que supuestamente estaba condenado a sufrir los efectos de las instalaciones radiactivas en el Campo Charro, ha señalado a EFE que "no podemos ocultar nuestra más profunda satisfacción y celebrar que nuestras tierras y nuestros municipios no tendrán que sufrir este castigo extra que pretendían 'regalarnos a la limón' Berkeley y la Junta de Castilla y León".
Demandas pendientes
De acuerdo con Rodríguez Martín: "Ahora simplemente hemos alcanzado ese estatus de tierra abandonada y desatendida por nuestros continuos gobiernos autonómicos, pero al menos nos hemos librado de lo que habría sido, sin duda, una condena definitiva".
Pero "hemos recuperado nuestro orgullo, nuestra capacidad de lucha y gran parte de nuestra propia identidad", ha asegurado el alcalde. No obstante, ha alertado de que "hoy hemos alcanzado una gran meta, pero deberemos seguir luchando para que Berkeley restaure todos los daños producidos, se resuelvan todos los contenciosos que tenemos abiertos, y para que se declare tanto la caducidad del estudio del impacto ambiental del proyecto, como la caducidad de la concesión de explotación por inactividad continuada de la misma".
No esconde su alegría y ha señalado que disfrutarán de "esta gran victoria", mientras se preparan para "las batallas que aún están por venir", porque "nosotros seguiremos hasta rematar la faena".
Porque a pesar de que el ministerio cierre el expediente, según el alcalde de Villavieja de Yeltes, el Ayuntamiento ha interpuesto varias demandas que se encuentran en su trámite inicial.
Una de ellas es contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero "por la autorización de vertidos", que "se acumuló" con una causa presentada antes ante el Tribunal Supremo "por la autorización previa". En este caso, el alcalde ha explicado que "estamos a la espera de que el Tribunal Contencioso Administrativo nos requiera para la vista".
Otro de los contenciosos abiertos, y en el que "también está la Plataforma Stop Uranio es contra el Ayuntamiento de Retortillo por la concesión de la licencia urbanística, que se otorgó a finales de 2020".
Y también comparten con Stop Uranio una tercera causa abierta "contra la autorización de uso del suelo contra la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León".
Las tres causas abiertas están admitidas a trámite, pero "no ha habido ningún requerimiento, ninguna resolución, los tribunales administrativos no se han posicionado en ninguno de los tres contenciosos".
Incertidumbre e inseguridad
Sin embargo, Rodríguez Martín ha advertido de que el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes "piensa personarse" en los posibles recursos y demandas que pretenda poner en marcha Berkeley contra el dictamen del CSN -como anunció tras conocerse el fallo- o en la petición de indemnizaciones millonarias, "que en modo alguno se merecen por el daño hecho a estas tierras y a sus gentes durante más de 15 años de inactividad especulativa de la empresa, pero de incertidumbre angustiosa para la zona".
Una "incertidumbre y una inseguridad" que ha llevado a muchos de los vecinos a dejar de construir viviendas, ampliar explotaciones o negocios ante el temor de la contaminación que podían producir las instalaciones radiactivas, según un vecino de la zona que ha preferido mantener el anonimato, y que ha asegurado que la explotación "aparte de buscar un uranio de muy baja potencia", comprometía el futuro de muchos jóvenes.
Un problema por el que también alzaron sus voces vecinos y ecologistas de localidades portuguesas colindantes, ante el peligro de que la contaminación llegara a sus cultivos por medio de las fuentes de agua.
Según Rodríguez Martín, el Dictamen Técnico del CSN recoge que el proyecto presentaba deficiencias "principalmente referidas al futuro almacenamiento de residuos radiactivos y a su posible filtración y contaminación de los acuíferos". EFEverde
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