Madrid.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el Real Decreto “anticrisis”, que entre otros puntos agiliza la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos renovables, “no relaja las exigencias ambientales”, sino que acorta los plazos en los trámites.
Así lo ha aseverado Morán en una comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Cámara Baja, en la que se ha referido a la “confusión” respecto a los artículos 22 y 23 del Real Decreto 20/2022, de respuesta a la crisis energética y económica a causa de la invasión rusa de Ucrania.
Confrontado por los grupos parlamentarios, que han cuestionado la flexibilización de la evaluación de impacto ambiental para proyectos de energía renovable, Morán ha querido aclarar: “No hay relajación de exigencias ambientales”, sino solo una agilización de los trámites en lo que respecta a los plazos.
“No hay ni un ápice de relajación en los procedimientos de evaluación ambiental en cuanto a la exigencia de las garantías ambientales porque no se han modificado las directivas europeas”, ha insistido.
En este sentido, el secretario de Estado ha subrayado que en el ámbito europeo “España ha sido uno de los pocos países que ha defendido desde el principio que la revisión de las directivas de renovables en ningún caso pueden menoscabar la vigencia de las tres directivas ambientales”.
Varios grupos, sin embargo, han criticado los polémicos artículos del decreto, que -juzgan- menoscaban la participación ciudadana al afectar a las consultas.
Según ha explicado Morán, la medida acorta los plazos intermedios de consulta respecto a la evaluación de impacto ambiental para proyectos de energías renovables, por lo que se reduce el tiempo para emitir las alegaciones que llegan al ministerio, “pero los tiempos que necesitan los funcionarios para la evaluación de los proyectos son los mismos”, ha dicho.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, el diputado César Sánchez Pérez ha recriminado al Gobierno que el Real Decreto anticrisis “puede poner en riesgo ecosistemas no solamente terrestres, sino también marinos”, y ha sugerido que el Ejecutivo no ha buscado diálogo y consenso en sus políticas.
El diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde, ha subrayado que su formación está a favor de las energías renovables, pero ha lamentado la simplificación del trámite ambiental, que a su juicio es “un error” pues puede suponer “un disparo en el pie” para el despliegue renovable, al hacer “que pasen por buenos proyectos que no lo son”.
Desde Vox, el diputado Ricardo Chamorro ha afeado que la medida anticrisis del Gobierno “no tiene en cuenta la realidad social de España” y ha cargado contra el “gigantismo fotovoltaico y eólico”, que está “atacando a agricultores y ganaderos, gente del mundo rural que está viendo todos sus paisajes invadidos”.
Por su parte, la socialista Eva Patricia Bueno Campanario ha apuntado que “la transición ecológica, como toda transformación rápida, genera reacciones, tensiones y desacuerdo, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien”.
“No podemos justificar la ralentización del proceso de transición; no nos lo podemos permitir porque todos, excepto los que defienden el negacionismo climático, deberíamos hacer un esfuerzo y trabajar juntos y juntas”, ha agregado, ya que no se tiene “mucho tiempo para descarbonizar” la economía, algo que deberá hacerse mediante la generación de energía “limpia y competitiva”, ha recordado.
“La oposición al desarrollo de energías renovables la acaba rentabilizando la extrema derecha, que se sustenta en el negacionismo climático y en la construcción de nucleares”, ha argüido la diputada. EFEverde
