Los ayuntamientos de la región de Murcia podrán hacer evaluaciones ambientales de los instrumentos de planificación urbanística que aprueben y ampliar actividades ya evaluadas que no superen en más de un 30 % de sus emisiones sin necesidad de nuevas licencias.
Así consta en el nuevo decreto para mitigación de los efectos de la COVID-19 en el área de medio ambiente aprobado por el Consejo de Gobierno este jueves, que relaja la normativa y ha generado el aplauso de la patronal regional y las críticas de los ecologistas, el PSOE, Más País y Equo.
La nueva norma modifica la ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de esa región y establece que los municipios pasarán a ser “organismos ambientales” en planeamiento urbanístico, ya sean proyectos de desarrollo o especiales o planes especiales o parciales, función que hasta ahora detentaba el Gobierno autonómico.
A los municipios con menos de 20.000 habitantes que no puedan asumir esas evaluaciones por cuestiones técnicas se les ofrece ayuda regional a través de convenios.
Otra novedad esencial es que todas las instalaciones y proyectos que ya dispongan de evaluación ambiental podrán hacer ampliaciones “no sustanciales” que deberán autorizarse en un plazo máximo de 30 días.
Estos cambios no requerirán de una nueva evaluación siempre que la ampliación no implique un aumento de más del 30 por ciento en el uso de materias primas, la generación de residuos, las emisiones contaminantes o los vertidos, y cuando no afecten al patrimonio o a espacios de la Red Natura 2000.
La ley actual prevé ese tipo de ampliaciones sin nueva evaluación ambiental con cambios de hasta el 15 por ciento en esos parámetros.
Evaluación previa
Los proyectos ya debían contar con una evaluación previa para hacer esas modificaciones sin nuevos requisitos, por lo que la protección al entorno sigue estando garantizada, según el Gobierno.
El decreto aporta también como novedad la posibilidad de que los nuevos proyectos reciban el informe de viabilidad ambiental en su primera fase de evaluación en un periodo máximo de tres meses.
De esa manera, el nuevo decreto, que deberá convalidarse en la Asamblea Regional de Murcia en el plazo de un mes, permitirá una importante reducción en los plazos de los procedimientos ambientales, lo que el Gobierno considera esencial para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y de reactivación.
Rebajar plazos y trámites simultáneos
Además, permite rebajar plazos y llevar a cabo trámites de manera simultánea, unifica la documentación necesaria para cada gestión y evita duplicidades, al tiempo que regula los procesos de consultas y establece plazos máximos hasta hoy no exigidos para la comunicación entre las administraciones.
[box type=”shadow” ]Por ejemplo, cuando se solicita una evaluación ambiental para un proyecto al ayuntamiento, este no tiene plazo establecido para trasladar la documentación a la administración autonómica, mientras que con el nuevo decreto deberá hacerlo en un máximo de un mes, lo que dotará de una mayor agilidad al proceso.[/box]
También se habilita una plataforma por internet para compartir documentación entre las administraciones de manera segura y que los interesados puedan conocer en cada momento y directamente en qué punto se encuentran sus expedientes ambientales
Preservación ambiental
Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, Pedro Luengo, ha explicado a Efeverde que se trata de una medida “preocupante ante el posible aumento de producción y contaminación” ya que, a su juicio, “tendrá un impacto ambiental en una región que ya se ve amenazada por el desarrollo urbanístico y el cambio climático”.
Para Luengo, la regulación ambiental “trata de preservar el entorno y corregir los posibles impactos”, por lo que con esta modificación, su finalidad resulta “contraria a lo que rige la normativa” y que “no supondrá mejora social, económica o ambiental” para la región. EFEverde