Palma, 8 feb (EFE).- La Fiscalía de Medio Ambiente considera responsable al Govern de la contaminación de la bahía de Palma por el vertido de aguas residuales, ya que, pese a conocer la "gravísima situación", no realizó las inversiones necesarias y permitió las descargas contaminantes sin autorización "durante décadas".
En su informe al juzgado de instrucción 12 de Palma, que investiga posibles responsabilidades penales por el deterioro de la calidad del agua, los sustratos y el ecosistema de la bahía, la Fiscalía resalta que la Dirección General de Recursos Hídricos "incumplió la normativa" del canon de saneamiento, que obliga a destinar a la red de depuración todo lo recaudado.
Según datos que Emaya, la empresa municipal responsable del saneamiento del agua de Palma, planteó al Govern para reclamar inversiones, el 48 % de lo recaudado por el canon finalista de 2001 a 2015 se destinó a fines ajenos a los establecidos en la norma, 101 millones que podrían haber servido para "reducir la enorme carga contaminante que ha venido recibiendo la bahía de Palma durante las últimas décadas", sostiene el ministerio público.
Apunta además que el Servicio de Costas y Litoral de la Comunidad, "habría permitido que durante décadas se lleve a cabo un vertido de aguas residuales sin autorización", por tanto "contrario a la ley", y por encima de los "valores límite de emisión" de elementos contaminantes.
En un análisis basado en los datos aportados por Emaya y las observaciones y mediciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Fiscalía recuerda que la bahía de Palma está declarada "zona sensible" por normativa autonómica, por lo que las aguas residuales que se vierten en ella deben tener un tratamiento "adicional al secundario" que limite los elementos contaminantes según índices preestablecidos.
Palma tiene una depuradora con tratamiento terciario (EDAR 1) y otra con tratamiento adicional al secundario (EDAR 2), aunque su capacidad es muy insuficiente y resulta superada en "prácticamente cualquier episodio de lluvia", ocasiones en las aguas residuales sin tratar y pluviales se vierten sin control, indica la Fiscalía.
En el mejor de los casos, la mitad de las aguas que pasan por el EDAR 2 se someten al tratamiento más completo. Las que reciben tratamiento secundario superan frecuentemente los valores legales de materia orgánica y sólidos y multiplican por 500 los límites de bacterias fecales establecidos para zonas sensibles, recoge el informe.
Incluso las aguas residuales que con tratamiento adicional al secundario del EDAR II incumplen límites microbiológicos, de nitrógeno y fósforo, reseña la Fiscalía a partir de datos de la propia Emaya que corroboraron los análisis de las muestras tomadas por el Seprona.
A las descargas "controladas" a través del emisario del EDAR 2, que evacúa unos 700 metros mar adentro frente a la playa de Ciudad Jardín, hay que sumar el vertido de aguas residuales sin tratar por los aliviaderos subacuáticos y de superficie en los episodios de lluvias intensas, 78 de media cada año entre 2003 a 2018.
Además del impacto grave en la calidad de las aguas y los ecosistemas, que ha provocado la pérdida del 37 % de las praderas de Posidonia oceanica, según un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO), las aguas residuales generan "un riesgo de daño sobre la salud de los bañistas".
"En notables ocasiones, estos episodios ocurren en los meses de verano, coincidiendo con la temporada de baño", alerta la Fiscalía, que expresa dudas sobre si los datos que se hacen públicos sobre los análisis de las aguas de las playas "reflejan la calidad y situación real".
El juzgado de instrucción 12, que ha cambiado varias veces de titular desde que abrió la investigación a raíz de los vídeos sobre la contaminación que publicó la "Gaceta Náutica", cuenta con el informe de la unidad técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, el estudio sobre el deterioro de la posidonia del IEO y con análisis del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que prueba la acumulación de metales pesados en el lecho marino a causa de los vertidos.
El Ayuntamiento de Palma, el Govern balear y el Ministerio de Transición ecológica han pactado la construcción de una nueva depuradora con el doble de capacidad que estaría acabada en 2026 y el próximo verano está prevista la puesta en funcionamiento de un depósito y un colector para acumular el agua de lluvia y evitar su vertido directo al mar. EFE
tar.sll