Más de 530 entidades de la sociedad civil, representadas en la Plataforma por las Empresas Responsables, exigen al Gobierno una ley que ponga fin a los abusos de las corporaciones empresariales sobre el medio ambiente y los derechos humanos.
Según ha afirmado la Plataforma en un comunicado, las malas prácticas siguen causando “graves” perjuicios, y en muchos casos, las empresas “no han rendido cuentas” y las víctimas no han podido acceder a la justicia.
Con el fin de buscar apoyo y movilizar a la ciudadanía, las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables han lanzado la campaña “Apoya una Ley Made in Spain“, que persigue la aprobación “sin demoras” de una ley “realmente eficaz” de debida diligencia y pide al gobierno que cumpla su promesa electoral.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Según la Plataforma, “queda demostrado” que los acuerdos de voluntariedad “no son suficientes”, y que es “urgente” la aprobación de una ley vinculante que garantice justicia, y adopte requisitos claros, sólidos y exigibles.[/box]Debida diligencia de las empresas
La Unión Europea ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, según la entidad.
[box type=”shadow” ]La Plataforma ha asegurado que contar con esta ley “es beneficioso para todos” y ayudaría a fortalecer el texto de la directiva europea que “ya ha dado el primer paso” con una propuesta, pero que aún sufre de “importantes carencias y excepciones”.[/box]No obstante, Amaya Acero, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables, ha explicado que “pese a ser un paso fundamental hacia la rendición de cuentas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia, contiene ciertas fallas que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva”.
Las empresas han de actuar con la debida diligencia y respeto a lo largo de su cadena de valor, y han de ser obligadas a “prevenir, mitigar y reparar las violaciones de los derechos humanos y medioambientales”, según la Plataforma.
Asimismo, la ley habrá de garantizar la reparación de daños y el acceso a la justicia de las víctimas, que “no pueden esperar más”.
Efectividad de la ley nacional en otros países
En Francia, con un mayor recorrido, las personas afectadas por los abusos cometidos por empresas francesas en terceros países (EDF en México o Casino en la Amazonía Brasileña y Colombiana) tienen la oportunidad de reclamar justicia ante los tribunales franceses.
Eduardo Villarreal, de Prodesc México, ha expresado que, una demanda – “que no habría sido posible sin la legislación”- ha sido interpuesta en Francia al gigante EDF por la escalada de violencia que generó en Unión Hidalgo y por no respetar los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados ni dieron su consentimiento a la actividad de la empresa en sus territorios.
En Alemania la ley aún no ha entrado en vigor, pero Franziska Humbert, de Oxfam Alemania, ha destacado el amplio apoyo conseguido en la aprobación de la ley del gobierno por el sector empresarial y de la ciudadanía.
“Las empresas que apoyan la legislación quieren igualar el terreno de juego para que aquellas que lo hacen bien de forma voluntaria no se encuentren en desventaja competitiva”, ha añadido Humbert.
En España, una iniciativa legislativa de debida diligencia en materia de derechos humanos fue anunciada en diciembre de 2021 por el Secretario de Estado de la Agenda 2030 y una consulta pública del proyecto de Ley se llevó a cabo en abril de 2022.
“Ahora necesitamos que se haga realidad y llegue al Congreso de los Diputados para ser votada en esta legislatura”, ha afirmado Almudena Moreno, de la ong Alianza por la Solidaridad-Action Aid.
La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por las organizaciones Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón, Setem-Ropa Limpia y USO, que representan a más de 530 entidades de la sociedad civil. EFEverde
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