El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha premiado al Seprona de la Guardia Civil y a la Fiscalía gallega por la operación en la que han decomisado 37.000 kilos de gas R-22, utilizado en los barcos pesqueros para congelar en alta mar y prohibido por su papel de destructor de la capa de ozono.
El Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra han informado este fin de semana de la operación, abierta en septiembre de 2014, en la que han investigado un entramado de 20 empresas y cinco buques pesqueros, que ha concluido con el decomiso de 37.000 kilos del citado gas, prohibido por el Protocolo de Montreal.
Este Protocolo de 1987, considera el R-2 (Monoclorodifluorometano) un gas altamente perjudicial para la atmósfera, dentro de una larga lista de sustancias químicas prohibidas o reguladas con el objetivo de reducir y/o eliminar la producción, entre otros, de los CFC (clorofluorocarbonos) y los agentes de extinción de incendios (halones), para evitar más daños a la capa de ozono.
El ozono sirve de escudo para proteger a la Tierra al actuar como filtro de las radiaciones ultravioleta B provenientes del Sol, que pueden resultar dañinas para la población en caso de una exposición incontrolada.
La operación policial
La Fiscalía general de Estado informó este 4 de junio que agentes del Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra han investigado desde septiembre de 2014 este fraude en el que un entramado de empresas y de barcos utilizaban este gas para congelar su producción en alta mar.
Según los investigadores, una firma española “habría estado comerciando ilegalmente con gas R-22, utilizando distintas argucias técnicas para camuflar la realidad de su actividad empresarial”.
Así, “camuflaba cantidades, destinos reales y objeto de la actividad, vendiendo el gas a empresas comunitarias solicitando licencias de exportación a la Comisión Europea para justificar el gas vendido en los informes anuales que debe emitir la empresa”.
Algunas de las exportaciones “se desviaban ilegalmente a empresas y buques españoles y de la Unión Europea o se exportaba el gas sin informar a la Aduana de la realidad de la materia y evitando de esa forma que pudiera ser controlada”, apunta la Fiscalía del Estado.
Beneficios:más de un millón de euros
La trama habría generado “beneficios ilícitos de más de un millón de euros”, según la Fiscalía, que apunta que el gas era vendido de forma ilícita a un precio inferior a 10 euros, frente a “sustitutos legales” que “tienen un precio medio que ronda los 30 euros”.
El programa de ONU para el medio ambiente Pnuma ha premiado a la Fiscalía y al Seprona, un órgano especializado de la Guardia Civil en vigilancia sobre temas medioambientales, concluye la nota.
La capa de ozono
La destrucción de la capa de ozono, que filtra esos rayos peligrosos generadores de cáncer en la piel, ha disminuido en las últimos años tras la adopción del citado convenio internacional y podría recuperarse a mediados de siglo de proseguir las restricciones a las sustancias que la destruyen, según un reciente informe de 300 científicos de renombre patrocinado por la ONU.
Según Greenpeace, el cloro contenido en los CFC tarda entre diez y quince años en llegar a la estratosfera, donde se acumula y reacciona con el ozono destruyéndolo. Una molécula de cloro elimina unas 10.000 moléculas de ozono.
En la Unión Europea solo está permitido el uso del gas R-22 regenerado, si bien los buques de los estados no firmantes del Protocolo de Montreal pueden disponer de este gas sin regenerar (20 euros más barato que el regenerado).
Por ello, las empresas autorizadas por la Comisión Europea tienen la opción de vender a dichos buques, con bandera de países no firmantes del Tratado de Montreal) el gas R-22 sin regenerar. EFEverde
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