Sucedió coincidiendo con las mismas fechas en que los Ojos del Guadiana recuperaban sus lágrimas en un llanto de alegría. Se recogían los primeros frutos de la larga tarea de restauración de uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro patrimonio como son las Tablas de Daimiel, dañadas por una sobreexplotación mantenida años y años sobre el acuífero 23 a partir de la equivocada premisa de la necesidad de más y más agua para sostener el crecimiento ilimitado de la agricultura; una sobreexplotación que había llevado a la propia actividad agraria a enfilar el camino de la deshidratación guiada por el humo de la turba en combustión del Parque Nacional.
El agua que volvía a manar después de décadas se convertía en la señal que indicaba definitivamente el camino correcto a seguir en su gestión. Al menos eso creíamos casi todos, excepto un Gobierno que culminaba con arrogancia su particular idea de mercantilización mediante un plan que en el fondo no hace sino privatizar el patrimonio público por excelencia, aquél que es imprescindible para la vida, aquél que a nadie debe faltar y del que nadie debería poder apropiarse en exclusiva. Así tomaba carta de naturaleza una reforma de la Ley de Aguas largamente deseada por el PP, y cuyas nefastas consecuencias habremos de pagar durante décadas, si no somos capaces de revertirla lo antes posible.
Casi en la misma semana el Tribunal Supremo ponía punto y final a uno de los interrogantes que han ido dilatando en el tiempo la decisión de las Administraciones para la demolición del Algarrobico. Una sentencia, ya inapelable, venía a determinar que quienes habían ocupado de forma ilegal el dominio público marítimo-terrestre, no podían aspirar de ninguna de las maneras a pretender ser indemnizados como consecuencia del derribo del "casi hotel"; pero lo que es más importante, venía a confirmar una vez más la inapelable clarividencia de la Ley de Costas de 1988, ratificándola como el instrumento más eficaz para velar por un bien público tan vulnerable y tan asediado como es nuestro litoral. Vano esfuerzo. El hoy Ministro del Medio Ambiente, quien por cierto formaba parte del Gabinete que en el año 2003 hizo dejación de sus funciones al no paralizar aquel proyecto que vulneraba de forma flagrante la Ley, pregona a los cuatro vientos las bondades de su reforma de la misma, y lo hace bajo el rimbombante titular de la "cláusula antialgarrobicos"; y no le falta razón, con su maravillosa norma ya no habrá más Algarrobicos que la justicia pueda impedir, porque el Gobierno del PP se encargará de que todos ellos sean legales, simplemente se trata de convertir en parcelas privadas para especular, lo que antes eran parajes públicos para conservar y disfrutar. Una concienzuda tarea de desmontaje de la legislación ambiental, iniciada prácticamente desde el minuto uno de la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno, colocará a nuestro país antes de que concluya el año en las antípodas de la sostenibilidad. ç
Ya sé que los derechos ambientales no están entre las preocupaciones principales de una sociedad que hoy se ve asediada por el paro, al tiempo que ve desmoronarse ante sus ojos día a día el Estado del Bienestar que entre todos habíamos ido levantando con tanto esfuerzo como ilusión; quiero creer que a la ciudadanía le queda la esperanza de que muchos de esos derechos que hoy le están robando podrá recuperarlos mañana de la mano de otras políticas que vuelvan a colocar a las personas en el centro de su atención; pero los derechos ambientales, aquellos que lo son en tanto que emanan de la disponibilidad de bienes naturales que nuestra Constitución consagra como patrimonio público, ya no podrán ser recuperados si ese patrimonio natural desaparece, y serán muy difíciles de rescatar si simple y llanamente se privatizan por generaciones.
Hugo Morán
Secretario de Medio Ambiente del PSOE
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