Enrique Verdeguer / EFEverde
La aplicación de planes medioambientales en los procesos de recuperación para mitigar el daño producido al suelo, las reservas hidrológicas o el aire en zonas de conflicto son fundamentales para poder cumplir con una regeneración completa de las regiones y sus poblaciones locales.
Según el Índice de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN), 8 de los 10 países con mayor riesgo ante la degradación del medioambiente han sufrido algún tipo de conflicto armado grave desde el año 2000 hasta hoy, afectando a su estabilidad interna y exacerbando así los peligros del cambio climático. Las consecuencias medioambientales de un conflicto bélico, pese a no ser una prioridad para las instituciones internacionales, incrementan el riesgo de tensiones locales, crisis humanitarias y la aparición de regímenes autoritarios tanto de forma regional como nacional.
En los escenarios bélicos actuales se está produciendo una destrucción medioambiental a gran escala. Según datos de Greenpeace, en Ucrania desde que se inició el conflicto, se han perdido más de 500.000 hectáreas de bosque. Otro ejemplo es la destrucción de la presa de Kajovka en 2023, que supuso el vertido de más de 18 millones de metros cúbicos de agua en regiones densamente pobladas. En Gaza, de acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, los bombardeos han generado cerca de 39 millones de toneladas de escombros que han afectado gravemente a las zonas costeras, el suelo y los ecosistemas de la región.
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Un proceso muy largo
Según Javier Raboso, responsable en España de la Campaña de Democracia y Cultura de Paz en Greenpeace, existe un problema agregado. Junto con la falta de protagonismo dentro de los planes de recuperación postbélicos, el activista considera que la escasa legislación vigente en relación con al medioambiente está enfocada en los conflictos internacionales, como es el caso de Ucrania o la guerra en Gaza. Sin embargo, no tiene en cuenta las disputas regionales o locales, “que son la mayoría”. Además, la presión de las “grandes potencias para proteger la guerra nuclear” imposibilita crear un pacto común que involucre a todos los países.
«La restauración de los ecosistemas es un proceso largo que puede llevar décadas, incluso siglos, como en el caso de los bosques de Ucrania que han sido devastados por los bombardeos y los incendios», afirma el activista con ocasión del «Día Internacional de prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados».
Javier recuerda que tras una guerra, la regeneración medioambiental es “un proceso crucial para garantizar la dignidad humana de los afectados”, por lo que debe formar parte integral de cualquier plan de restauración más allá de los planes de reconstrucción de infraestructuras. Si bien cada vez se integran más dentro de estos proyectos generales postbélicos, muchas veces no cuentan con la profundidad suficiente, “poniendo en riesgo a la población futura”.
Más y mejores políticas medioambientales
Para Javier Andaluz Prieto, coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, esta ausencia de propuestas de regeneración climática dentro de los planes de recuperación reducen en gran medida “la capacidad de las zonas afectadas para volver a la normalidad tras la guerra”, así como de sus pueblos. El activista considera que la única solución posible a largo plazo es trabajar e invertir en la paz, pero asegura que hasta entonces, “debemos demandar más y mejores políticas medioambientales”.
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Dado que cada conflicto armado es diferente, este experto aboga por adaptar cada plan de ayuda medioambiental a “las características propias del conflicto”, apoyándose lo máximo posible en otros planes de restauración, y contando siempre con la colaboración de los actores locales.
Enrique Quintanilla, portavoz de Ecologistas en Acción, también reivindica la necesidad de aumentar la presencia de medidas medioambientales a la hora de iniciar los proyectos. De acuerdo al portavoz, la necesidad de cuidar la biosfera durante y tras un conflicto es crucial para conseguir “una recuperación total de una vida digna”. Sin embargo, considera que no existe un interés internacional en poner en marcha estos procesos, en parte por su falta de protagonismo en las instituciones, como en la reciente COP16 de Colombia, donde no ha habido ninguna mención hacia las políticas medioambientales en los conflictos armados.
«Es una realidad que se señala muy poco. Hay que invertir en recursos, pero también impulsar la legislación y el seguimiento de lo que no se está cumpliendo”, añade el portavoz.
Falta de transparencia
La contaminación bélica no se da únicamente en tiempos de conflicto. De acuerdo a los tres activistas, si queremos una transición justa y eficaz, debemos conocer todos los datos acerca de la emisión y consumo de la industria bélica a nivel nacional e internacional. Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción creen que la industria militar es responsable de alrededor del 5% de todos los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmosfera.
En consecuencia, demandan una mayor transparencia por parte del Ministerio de Defensa de España, así como de todos los países agregados al Tratado del Atlántico Norte, para esclarecer cuanto emiten los ejércitos y la industria militar, y preguntarse si de verdad necesitamos intensificar el proceso de militarización global.
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