El reto no es solo gestionar residuos, sino decidir qué modelo queremos construir.
España tiene ante sí una oportunidad histórica para ordenar la gestión del residuo textil. La futura regulación de los productos textiles y de calzado y la puesta en marcha de la responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) pueden marcar un antes y un después en la economía circular de nuestro país.
El futuro SCRAP textil gestionará recursos económicos relevantes y tomará decisiones estratégicas sobre contratación, reutilización, reciclaje, innovación o medición de impactos. Por ello, su gobernanza no puede quedar restringida exclusivamente a quienes financian el sistema.
La responsabilidad ampliada del productor exige, con razón, que los productores asuman los costes derivados de los residuos que generan sus productos. Pero financiar el sistema no debería equivaler a concentrar toda la capacidad de decisión sobre un ámbito que tiene implicaciones ambientales, económicas y sociales de gran relevancia.
Hablamos de empleo, cohesión territorial, inclusión social y desarrollo de una economía circular capaz de generar valor para el conjunto de la sociedad.
El ‘expertise’ de la economía social
El SCRAP textil no nace sobre un terreno vacío. Durante décadas, entidades sociales, empresas de inserción y administraciones locales han sostenido sistemas de recogida, reutilización y preparación para la reutilización que han permitido recuperar millones de prendas, evitar residuos y generar oportunidades de empleo para personas vulnerables.
Buena parte de la infraestructura, del conocimiento técnico y de la experiencia operativa procede precisamente de ese trabajo desarrollado mucho antes de que existiera una obligación normativa.
Las empresas de inserción y las entidades de economía social no somos operadores convencionales. Nuestra actividad está orientada a la consecución de objetivos de generación de empleo, la inclusión sociolaboral y la cohesión social. Esa misión forma parte de nuestra razón de ser y explica por qué desempeñamos históricamente un papel relevante en estos ámbitos.
Por ello, la construcción del futuro SCRAP textil no debería limitarse a criterios de eficiencia económica o capacidad financiera. También debería incorporar resultados ambientales y sociales. La recogida y gestión del textil posconsumo no solo permite reducir residuos y aumentar la reutilización; también puede convertirse en una herramienta eficaz de inclusión sociolaboral y generación de oportunidades.
Precisamente porque el marco regulatorio del SCRAP textil se está definiendo en estos momentos, existe una oportunidad única para incorporar estos principios desde el origen. Las decisiones que se adopten ahora condicionarán el modelo durante las próximas décadas.
Por ello, sería deseable que los legisladores y responsables públicos tengan en cuenta no solo los objetivos ambientales y de eficiencia del sistema, sino también su capacidad para generar valor social, empleo inclusivo y cohesión territorial.
Diseñar el SCRAP desde una perspectiva de interés general permitirá construir un modelo más sólido, más legítimo y con mayor impacto para el conjunto de la sociedad.
Un SCRAP al servicio del interés general
Por todo ello, el futuro SCRAP textil debe entenderse como una herramienta al servicio del interés general, con una gobernanza transparente, participativa y equilibrada. Un sistema en el que estén presentes las administraciones públicas, las entidades locales, la economía social, los gestores especializados, las organizaciones ambientales y el conjunto de actores que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos.
Cuando un sistema va a gestionar recursos económicos relevantes, adjudicar contratos y definir prioridades estratégicas para todo un sector, la legitimidad de sus decisiones depende también de la diversidad de voces que participan en ellas. Por eso, incorporar a quienes representan la dimensión social y ambiental del modelo no dificulta la toma de decisiones; la fortalece.
La transparencia no puede limitarse a la publicación de datos agregados. Debe permitir conocer cómo se toman las decisiones, cómo se adjudican los servicios, qué criterios sociales y ambientales se aplican y qué resultados se obtienen.
La magnitud económica que alcanzará la gestión del residuo textil hace aún más necesario garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y participación. Cuando un sector adquiere valor económico, resulta imprescindible asegurar que el interés general siga siendo el principal criterio de referencia.
Un SCRAP que genere impacto ambiental y social
Un sistema que mida su éxito no solo en toneladas recogidas o porcentajes de reciclaje, sino también en empleo generado, inserciones laborales conseguidas, oportunidades creadas y valor aportado a las comunidades.
La cuestión de fondo no es quién gestionará el SCRAP textil. La verdadera cuestión es qué tipo de transición queremos impulsar.
Si aspiramos únicamente a gestionar residuos de forma más eficiente, bastará con medir toneladas, costes y porcentajes de reciclaje.
Pero si aspiramos a construir una economía circular que genere también empleo, inclusión, cohesión territorial y valor compartido, entonces la economía social y las empresas de inserción deben formar parte de la solución desde el principio.
Porque la gran oportunidad del SCRAP textil no es únicamente mejorar la gestión de los residuos.
Es demostrar que la transición ecológica puede ser también una transición social.
Y esa es, probablemente, la mejor definición posible de interés general.
Mª Luz Ferro es coordinadora general de Koopera.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
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