No por esperado el golpe es menos fuerte y doloroso. La aprobación ayer (24) en el Senado de la modificación de la Ley de Costas promovida por el Gobierno de España constituye un duro revés para los derechos de los ciudadanos y para el medio ambiente. La ley del Gobierno retrotrae al litoral español a los años sesenta, a imágenes en blanco y negro de francas inauguraciones de complejos turísticos, y a la misma situación: litoral en manos privadas, y destrucción de dunas, playas, esteros, marjales, marismas, acantilados….
Hoy, en el siglo XXI, ni los compromisos y obligaciones con la normativa europea en materia de protección ambiental de estos ricos ecosistemas, ni el conocimiento del peligro que supone la construcción en zonas inundables (300 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación según el CEDEX y la Universidad de Cantabria, ¡ni más ni menos!), han supuesto freno para que este cambio legislativo que promueve la privatización y destrucción del litoral se apruebe en el Senado. Con su propuesta, el Gobierno no ha tenido en cuenta que el 95% de los litigios sobre los deslindes del dominio público marítimo-terrestre se han resuelto en los tribunales con sentencia firme a favor de dichos deslindes. Con esta modificación de la Ley de Costas se genera una inseguridad jurídica quizá inédita en el ámbito comunitario. Y mientras en Europa se habla de Gestión Costera Integrada y Sostenible, aquí no podemos escapar, por algún tipo de maldición, al recurrente“¿qué hay de lo mío?”. Se abre pues la veda, el totum revolutum, sobre el ya no muy extenso territorio costero que se había logrado salvar de las grúas para beneficio, uso y disfrute de todos.
En estos momentos, quizá más que nunca, en los que lo público, incluyendo territorio público y valioso, puede desaparecer para siempre, es cuando se necesitan ejemplos de liderazgo, más aún en la clase política, y desde la sociedad misma. Déjennos que, hablando de liderazgo, citemos a Shackleton, que junto a los 27 tripulantes del Endurance vivió una aventura de dimensiones épicas a principios del siglo XX en la Antártida, demostrando que los seres humanos somos capaces de ir mucho más lejos de los límites que pensamos que tenemos si contamos con la motivación adecuada. En dos años de dura travesía a pie por el territorio ártico tras perder su barco de exploración engullido por el hielo, esta tripulación consiguió lo que se propuso: sobrevivir y volver para contarlo. Pese a las pésimas condiciones de partida.
En el caso de nuestras costas, podría pensarse que nadie daría mucho por ellas, condenadas como están por esta nueva ley aprobada ayer en el Senado. Su única y posible salvación es que decidamos que no estamos de acuerdo con que nos las usurpen. Que queremos su supervivencia. Que queremos que nuestros representantes las reclamen por nosotros y para las generaciones futuras. Que lideremos este movimiento, pese a que las condiciones de partida sean tan malas. Shackleton reclutó a su tripulación publicando el siguiente anuncio en el Times en 1914: “Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo bajo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito.”
Nuestra necesidad ahora para defender nuestra costa de la privatización y la destrucción debería motivarnos y movilizarnos para solicitar ayuda urgentemente. En este caso, necesitamos 50 diputados, o 50 senadores, o a la Defensora del Pueblo, o a algún órgano ejecutivo o asamblea legislativa de alguna Comunidad Autónoma, para plantear un Recurso de Inconstitucionalidad contra esta nueva ley aprobada ayer en el Senado (que, tras su retorno al Congreso, terminará en breve su trámite parlamentario) y revertir esta situación desastrosa por otra que sea ejemplar.
Honor y reconocimiento en caso de éxito.
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