El Senado mexicano analizará a partir de hoy una reforma clave que afectará al sector energético, en medio de protestas de la izquierda que incluyeron hoy un bloqueo de los accesos a esa Cámara para intentar impedir el debate parlamentario.
La reforma energética es la iniciativa más importante que ha propuesto el Gobierno de Enrique Peña Nieto desde que llegó al poder, hace un año, porque implica importantes cambios a un sector que ahora está monopolizado por el Estado.
Los senadores mexicanos, que se preveía iban a analizar a partir de hoy esta reforma, aplazaron la discusión hasta mañana, mientras se cierran negociaciones entre los grupos parlamentarios con el fin de definir criterios antes de que comience la discusión pública.
Las negociaciones forzaron a algunos legisladores a dormir anoche en hoteles cercanos al Senado, rodeado de un amplio dispositivo policial, porque grupos de la izquierda habían convocado un intento de cercar la Cámara alta con el fin de impedir el debate.
Al final, el cerco anunciado sólo se trató de un bloqueo a los accesos del Senado, en el que participaron centenares de simpatizantes de la izquierda y que no impidió que los legisladores llegaran al lugar.
Este acto iba a ser encabezado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, pero un infarto al miocardio que sufrió el martes le impidió asistir a la protesta y continuar con una lucha política contra esa reforma que arrastra desde hace varios meses.
"Este cerco es un primer paso para iniciar nuestra lucha pacífica en contra de la reforma energética. El bloqueo es un éxito y mi padre muy pronto regresará", afirmó a las afueras del Senado el hijo del excandidato presidencial, Andrés Manuel López Beltrán.
"Convoco a mantener el cerco al Senado día, tarde y noche si es necesario para frenar reforma energética", agregó el joven, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la agrupación política que lidera López Obrador.
El éxito que se apuntó el hijo de López Obrador no fue tal, porque, mientras se desarrollaban las protestas afuera del Senado, dentro de la Cámara se mantenían hoy intensas reuniones para preparar el debate público de la reforma energética.
El debate se está acelerando porque el Gobierno y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscan que este proyecto quede aprobado por los senadores y después por los diputados, antes de que termine el período de sesiones legislativas, a mediados de mes.
El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la tercera fuerza política del Parlamento, ha pedido aplazar la discusión de este proyecto hasta el año próximo y, de hecho, está pidiendo una consulta popular para que se ratifique o se rechace.
"Queremos llamar a la responsabilidad del Gobierno de Peña Nieto de que no avancen en este atraco a la nación", afirmó hoy el líder del PRD, Jesús Zambrano.
Como la reforma incluye cambios constitucionales, el proyecto debe ser aprobado por dos tercios de los legisladores, y el PRI, que no tiene mayoría en el Parlamento, requiere el apoyo de otras fuerzas políticas para que salga la iniciativa.
El primer grupo de la oposición, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado su propia propuesta, que busca una apertura del sector petrolero mayor que la que propone el Gobierno, y sigue empeñado en defender su propio proyecto.
La reforma energética tiene que ser debatida primero por tres comisiones del Senado, después pasar al pleno de la Cámara, en un trámite que se calcula puede completarse el próximo lunes, y posteriormente el texto será trasladado a la Cámara de Diputados.
Aun así, todavía es necesaria la aprobación en al menos 17 de los 32 poderes legislativos de los estados porque se incluyen cambios constitucionales.
El Gobierno mexicano sabe que esta reforma, que implicará cambios radicales en las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), no comenzará a rendir sus frutos inmediatamente y pasarán un par de años antes de que empiecen a notarse los efectos.
Las autoridades quieren sumar a empresas privadas para explotar crudo y gas en sectores que no son rentables para Pemex, mediante contratos de utilidad compartida, mientras el Estado mantiene la propiedad de los recursos de hidrocarburos.
Se calcula que, una vez entre en marcha plenamente, esta reforma puede representar un incremento de un punto o punto y medio en la actividad económica de México, que, según cálculos del Gobierno, cerrará este año con un crecimiento económico del 1,3 %. EFE