Entidades ecologistas han denunciado este lunes que el PP y el PSOE han pactado una “mucho más descafeinada” Ley de Residuos en el Senado al introducir enmiendas como permitir las sustancias tóxicas en los envases de alimentos, cuestión que es un “retroceso” para la salud humana e instan a los senadores a cumplir con la norma europea.
El Senado debatirá este próximo miércoles la Ley de Residuos y Suelos Contaminados tras aprobarse en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de diciembre con mayoría de los partidos progresistas para impulsar el cambio en la gestión de residuos en el país.
Sin embargo, los ecologistas han anunciado que hasta el día de hoy “ha sido incapaz de cumplir con los objetivos de prevención y reciclaje marcados por la Unión Europea”.
Las organizaciones Amigos de la Tierra, Rezero y Surfrider España han declarado en un comunicado que consideran algunas enmiendas presentadas como “alarmantes” y que suponen un “retroceso” para la salud humana.
Una de las medidas que ambos partidos han acordado, según la nota, es retirar el artículo 18 de la Ley aprobada en el Congreso, en la que se prohibían las sustancias tóxicas -ftalatos y bisfenol A- en envases de alimentación, las cuales son conocidas como disruptores endocrinos que provocan enfermedades tiroideas, reproductivas, cáncer, además de diabetes u obesidad.
Además, según las organizaciones, el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es otro criterio que se ve afectado por el acuerdo de ambas formaciones; se trata de un principio europeo obligatorio de “quien contamina paga” que impone a los productores asumir la totalidad de los costes de gestión de sus productos una vez convertidos en residuos, como hacerse cargo del coste de la limpieza de calles y playas.
Los ecologistas han señalado que les parece “injusto” que estos costes de gestión de residuos sean asumidos por los ayuntamientos y, por tanto, por la ciudadanía, y han instado al Senado a cumplir con las directrices europeas que obliga a asumir esos costes a las empresas.
Así, estas entidades han considerado estas decisiones como “retrocesos que quieren impulsar algunos partidos” y que suponen una “marcha atrás” en la gestión preventiva de los residuos, algo que “no se pueden permitir” el planeta, la salud humana o la economía de los ayuntamientos, e instan al Senado a cumplir con la normativa europea. EFEverde
