Segovia/Valladolid, 21 jun (EFE) .- Unos 2.000 campos de fútbol de suelos roturados en un territorio rico en patrimonio natural e histórico es el proyecto contra el que luchan los miembros de la plataforma contra la mina de cuarzo a cielo abierto en el nordeste Segoviano, que alerta de unos perjuicios económicos y ambientales que la empresa promotora niega.
Una iniciativa de la empresa gallega Explotación de Rocas Industriales y Minerales (Erimsa), propiedad de la noruega Elkem, que ha solicitado a la Junta de Castilla y León distintos permisos para abrir una mina de cuarzo durante 30 años en los términos municipales segovianos de Sepúlveda, Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo.
Siete municipios que no suman 2.000 habitantes, según datos del INE de 2022, enclavados en un espacio protegido Red Natura 2000 de las Hoces del Duratón y que, de aprobarse la declaración de impacto ambiental por parte del Gobierno autonómico, pasarían a verse rodeados por 4.000 hectáreas en dos explotaciones a cielo abierto, la original y su ampliación, para la extracción de cuarzo metalúrgico.
Así lo ha señalado horas antes de una jornada informativa en Segovia la portavoz de la plataforma, Marisa Moro, convencida de que la empresa promotora solo ha incluido las «bondades» de un proyecto «desfasado y sin rigor» y ha obviado el impacto real sobre el paisaje, el suelo, la fauna y la flora y la salud de los vecinos, que el algunos casos podrían convivir «con una mina a 100 metros de su casa».
Moro ha explicado en declaraciones a EFE que la minería del cuarzo genera polvo de sílice que, desde el año 2017, se iguala al amianto al pasar a ser un agente cancerígeno de grado 1, que no provoca enfermedades de manera inmediata pero sí puede ser un «detonante» para patologías relacionadas con las vías respiratorias como la silicosis, la bronquitis crónica o el cáncer de pulmón.
«Es un rosario de impactos negativos irrecuperables y desde luego no hay nada que pueda compensar el daño», ha asegurado otra de las integrantes de la plataforma, Ana García, para explicar que la superficie roturada y posteriormente tapada tras la extracción del cuarzo, supone la destrucción «del equilibrio y de la capacidad de drenaje del suelo».
Otro motivo para rechazar la puesta en marcha de estas dos minas es el impacto económico para los residentes, primero por el escaso rendimiento económico en la zona, ya que solo generaría seis puestos de trabajo y el de los transportistas que lleven el cuarzo en sus camiones, y reduciría el valor de las viviendas porque la gente va a esos pueblos porque son «tranquilos».
Por su parte, Erimsa ha remitido a EFE una nota de prensa en la que «garantiza el máximo respeto al aprovechamiento agrícola y ganadero, así como la riqueza natural y patrimonial del nordeste de Segovia» y en la que incide en que se trata de un «proceso escalonado» con un método de trabajo «completamente diferente a la minería tradicional» que «no alterará el modo de vida ni la riqueza natural de los municipios».
La empresa, además, señala que se trata de un método similar al decantado que es «inofensivo para la preservación del entorno, la seguridad y la salud de los vecinos» siempre que se mantenga la distancia mínima exigida, y apunta a que aprovecha sólo el cuarzo de la capa superficial con un tamaño superior a los 40 milímetros, por lo que el 92 % restante se deposita en el mismo lugar, al mismo tiempo que se lleva a cabo un proceso de restauración.
Preguntado por esta cuestión, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado que su objetivo es «garantizar que cualquier actividad empresarial cumpla las normas y no sea invasiva de aquellas bienes jurídicos» que es necesario preservar, entre ellos, los bienes y los valores ambientales.
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