La proposición de ley del Parlamento balear buscaba proteger las aguas jurisdiccionales españolas de las prospecciones de hidrocarburos, prohibiendo este tipo de actividad.
Sin embargo, el Ejecutivo central ha considerado que es una norma extraterritorial que invade sus competencias y ha elaborado informes negativos a través del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Política Energética y Minas, alegando incompatibilidades con la Ley del sector de hidrocarburos.
El Síndic de Greuges, a pesar que el conflicto es entre el Parlamento balear y el Gobierno, ha decidido actuar de oficio, pues existe una solicitud, pendiente de resolución, para llevar a cabo este tipo de prospecciones petrolíferas en la costa de Girona.
El Congreso de los Diputados
Este martes, 27 de junio, la Mesa del Congreso de los Diputados confirmó, -con los votos del PP y Ciudadanos-, el veto del Gobierno a la tramitación en la Cámara baja de la proposición de ley del Parlamento de Baleares para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.
La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa de Baleares.
El argumento del Ejecutivo para vetar la tramitación de esa proposición de ley fue que contempla un posible pago de indemnizaciones a las empresas con concesiones en el Mediterráneo. Efeverde
