Madrid (EFEverde).- “Incluir la totalidad de La Almoraima en el Parque Natural Los Alcornocales es absurdo y va en detrimento de todos los ciudadanos españoles”, ha afirmado hoy Isabel Ugalde Ruiz de Assin, gerente de La Almoraima S.A., la empresa pública que gestiona la finca situada en Casteller de la Frontera (Cádiz).
La Junta de Andalucía mostró ayer su intención de ampliar los límites del Parque de Los Alcornocales para impedir la privatización de la finca.
Sin embargo, Ugalde ha asegurado este miércoles a EFE que la autoridades autonómicas “no pueden hacer lo que quieran, porque hay que cumplir unas caraterísticas de necesidad de especial protección” de las que esta finca a su juicio carece.
La Almoraima, un latifundio de 14.113 hectáreas de titularidad pública desde 1983, está integrada en este parque natural salvo en un 10 % de su superficie, unas 1.350 hectáreas para las que el Gobierno central ha preparado un Plan Especial de Usos.
Este plan, pendiente todavía de aprobación, prevé la venta de la finca mediante subasta pública por un precio de salida de 300 millones de euros para la construcción en este espacio de un aeródromo, un hotel de cinco estrellas, un campo de polo y dos de golf.
Para Ugalde, que ha asistido hoy a la Conferencia Internacional “Alcornocales y sector corchero” en Madrid, la venta de la finca “pretende reducir el déficit público” mediante un proyecto turístico “perfectamente compatible con el aprovechamiento sostenible del terreno” ya que “no tiene sentido que el Estado se dedique a explotar el corcho, plantar algodón o criar 2000 vacas”.
La gerente ha recalcado que “la finca estará mucho más protegida cuando esté en manos privadas” puesto que el inversor que la adquiera será obligado a desarrollar “un proyecto selectivo e integrado en la naturaleza” y garantizar “un plan de inversión a largo plazo”.
Ugalde ha subrayado que, desde la expropiación de la finca a Rumasa en 1983, La Almoraima “se ha gestionado muy mal en todos los aspectos”, por los que ha detectado errores contables, de gestión de edificios, de ganadería y de sanciones administrativas. EFE
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