Un arancel de CO2. Por (*) Tomás Díaz (ASIF)

Publicado por: Redacción EFEverde 17 de diciembre, 2010

Mucho pesa en la valoración positiva de la Cumbre de Cancún el fiasco de la Cumbre de Copenhague del año pasado. Es verdad que el proceso negociador internacional no ha muerto definitivamente, pero pocos son los compromisos sólidos que se han adquirido. En realidad, la mayoría de los acuerdos están supeditados a la buena voluntad –si la hubiera, ya tendríamos un nuevo tratado para suceder al de Kioto–, a fórmulas para trasladar a los próximos años la toma de decisiones o, simple y llanamente, son palabras huecas. Ese indicador neutro y fiable que es el precio de la tonelada de CO2 ha ratificado la insustancialidad de Cancún al no sufrir modificaciones relevantes ni durante ni después de la Cumbre.

Arancel de CO2

Poco se puede esperar de la buena voluntad en tiempos de crisis –la necesidad a corto plazo aumenta la miopía–, y es necesario crear un mercado global de derechos de emisión similar al existente en la Unión Europea (UE), único vinculante y sujeto a sanciones. Probablemente, una de las mejores opciones sea la instauración de un arancel comunitario de CO2, al que se podrían sumar todos aquellos países que quisieran. La idea sonó con fuerza en los prolegómenos de la Cumbre de Copenhague –la defendió el presidente francés, Nicolas Sarkozy–, pero en Cancún prácticamente ha desaparecido de las negociaciones.

Si todos los bienes extracomunitarios, para ser vendidos dentro de la UE, tuvieran que abonar una cantidad proporcionada al gravamen interior de CO2, se conseguirían dos efectos. Por un lado, las industrias afincadas en la UE se verían protegidas de la competencia desleal exterior que no internaliza los costes ambientales. Por el otro, esas industrias foráneas más contaminantes, si quisieran vender en el mayor mercado del mundo –unos 500 millones de acomodados consumidores–, tendrían un aliciente para racionalizar sus sistemas productivos y presionar a sus respectivos estados a sumarse al mercado europeo de CO2.

Otro efecto del arancel sería lograr que el comercio de CO2 tenga la fuerza que debería tener para ser realmente efectivo e impulsar la inversión en tecnologías cada vez más limpias. La UE, precisamente por el miedo a la deslocalización, ha regalado a sus industrias la práctica totalidad de los derechos de emisión desde que adoptó el compromiso de reducir sus emisiones un 20% en 2020.

Adicionalmente, con los fondos obtenidos por el arancel se podría invertir en proyectos de desarrollo limpio, preferiblemente en los países pobres y emergentes, solventando con ello uno de los principales escollos del acuerdo climático global.

emisiones en España
Emisiones de humos de las fabricas. EFE/MIGUEL VÁZQUEZ

Se ha señalado que el establecimiento del arancel en la UE podría contravenir los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y que a la UE, exportadora neta, no le interesa la proliferación del proteccionismo. Hace un año, Sarkozy recordó que el arancel no contravendría estos acuerdos si los estados que lo aplicasen ya gravasen sus emisiones y sostuvo con aplomo: “No es una medida proteccionista, sino un reequilibrio de las condiciones de competencia y libre comercio”.

En contra de la medida también se puede argumentar que la UE y los demás países ricos nos hemos enriquecido a costa de contaminar y que ahora estaríamos negando esa misma oportunidad a los países pobres; la cosa tiene más enjundia si se tiene en cuenta que estamos en deuda con ellos, tras siglos de esclavitud, colonizaciones y expolios más o menos disimulados. Es rotundamente cierto, y justifica que nos esforcemos más en la transición hacia una economía sostenible, pero no exime a los demás, absolutamente a todos, de hacer un esfuerzo proporcionado.

 

El establecimiento del arancel no tiene por qué ligarse al resultado de la Cumbre de Durban del próximo año o de otros procesos negociadores internacionales; de hecho, el mercado europeo de CO2 existe sin que se haya alcanzado un acuerdo global. La UE podría establecerlo y, probablemente, en un principio se sumarían aquellos estados o sectores que ya cuentan con mercados de CO2 voluntarios, estableciendo una masa crítica que crecería progresivamente.

 

Necesitamos mecanismos que permitan superar la insolidaridad climática, y pocos parecen tan sencillos y tan ventajosos como el arancel.

Por Tomás Díaz

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Director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)

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Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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