WWF ha lamentado que las proposiciones de ley de PP-Cs y PP-Vox para la nueva regulación de los regadíos en el entorno de Doñana vayan a seguir adelante en el Parlamento de Andalucía pese a “la gravísima brecha social e institucional que ha abierto esta propuesta”.
En un comunicado, la organización se ha referido al hecho de que estas partidos hayan votado hoy favorablemente la toma en consideración de dichas proposiciones, que ha contado con la abstención del PSOE, pese a la oposición “frontal” de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales, consumidores, investigadores, e incluso una parte importante de los propios agricultores de Doñana.
Esta propuesta, que, según un informe realizado por WWF, “podría legalizar hasta 1.900 hectáreas, que hoy ya se riegan ilegalmente”, cuenta también con la firme oposición del Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Además de organismos internacionales como la Unesco o la propia Comisión Europea, que han advertido muy seriamente al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía de las graves consecuencias del incumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que condenó a España por la destrucción de Doñana.
WWF ha lamentado que Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, “haya decidido desoír todas las voces en contra, sin datos ni justificación técnica, y seguir adelante con la tramitación de esta peligrosa iniciativa legal”.
La organización ha agradecido a partidos como Unidas Podemos o Adelante Andalucía que “hayan votado en contra, demostrando su sentido de la responsabilidad y compromiso con la conservación de Doñana” y ha lamentado la abstención del PSOE-A, que “no ha sido capaz de defender abiertamente el Plan de la Fresa aprobado durante el mandato de su gobierno, que fijó un escenario común, y cuya aplicación defiende firmemente el Gobierno de España y están reclamando las autoridades europeas y la Unesco”.
Proposición de ley
Tras denunciar que esta proposición de ley “está motivada únicamente por intereses electoralistas en la provincia de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes que los agricultores ilegales nunca han podido demostrar”, han indicado que seguirán luchando con todos los recursos a su alcance para “movilizar a los ciudadanos, consumidores e instituciones españolas y europeas en contra de este golpe mortal al ya sobreexplotado acuífero que nutre a Doñana“. EFEverde
