La entrada en prisión por primera vez hace 25 años de un empresario catalán acusado de un delito ambiental, el llamado caso Puigneró, fue “un triunfo en defensa de los derechos del medio ambiente” que puso en entredicho a quienes ofrecían mayor competitividad a costa de incumplir la normativa de conservación.
Así recuerda el exparlamentario de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes (IC-EV) y actual miembro del Consejo de Estado, Jordi Guillot, la sentencia que condenó a Josep Puigneró, propietario de Hilados y Tejidos Puigneró, una empresa ubicada en el municipio barcelonés de Sant Bartomeu del Grau que, según demostró la Justicia, vertió sustancias contaminantes en la riera del Sorreig entre 1990 y 1993.
“Recuerdo como si fuera ayer los distintos colores del agua, como si el torrente del Sorreig descendiese recién pintado” para terminar desembocando en el río Ter, apunta Guillot.
El entonces presidente del ecologista Grupo de Defensa del Ter (GDT), Toni Ballús, también conserva la memoria de cómo “el río bajaba con un tono distinto cada mañana, según el color con el que estuviesen tiñendo en la fábrica” y “cuando paseábamos por la riera no veíamos rastros de vida acuática, a excepción de unos pocos microinvertebrados y de algas”.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Las empresas desarrollan su actividad “normalmente en polígonos industriales o complejos municipales” pero ésta fue instalada en Sant Bartomeu del Grau porque “es una de las zonas altas de la comarca de Osona” y así “contaba con agua limpia y se ahorraba los costos de depuración”, ha precisado Ballús, por lo que al estar aislada “fue fácil probar quién era el culpable de la contaminación”.[/box]El GDT ejerció de acusación popular en un juicio cuya instrucción atravesó de todas formas no pocas dificultades ya que, como enfatiza Guillot, “Puigneró tuvo el respaldo absoluto de la Generalitat de Cataluña -entonces presidida por Jordi Pujol-, lo que hizo muy dura nuestra batalla en los tribunales”.
“Era el hombre que vertebraba laboralmente la comarca con lo que, a cambio de dar trabajo, gozaba de una extrema impunidad en materia medioambiental” y ello enturbió la labor de los ecologistas a ojos de muchos vecinos que “estaban empleados en Hilados y Tejidos Puigneró”.
Primera condena por delito medioambiental
Finalmente, fue el “compromiso determinante” del fiscal de Medio Ambiente José Joaquín Pérez de Gregorio el que impulsó la sentencia condenatoria de cuatro años de reclusión, lo que convirtió a Puigneró, el 20 de abril de 1997, en el primer emprendedor español encarcelado por cometer un delito medioambiental.
La condena fue más allá, según Ballús, puesto que se convirtió en “un aviso a navegantes” para el resto de empresarios industriales.
Advertencia y concienciación
“Hablamos con muchos de ellos después del juicio y nos reconocieron que la sentencia les había servido como advertencia”, de forma que no pocos “se concienciaron y vieron que no sólo era necesario mejorar las condiciones de producción de sus empresas, sino que también era vital que estas fueran sostenibles y respetasen el medio ambiente”.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Veinticinco años después, el Sorreig “casi se ha recuperado” del impacto contaminante de estos vertidos, pero ahora afronta otros ya que “el problema en la actualidad es la contaminación por nitratos procedentes de las granjas porcinas, que afecta al Ter y a todos sus afluentes”, certifica Ballús.[/box]Como en el caso de Puigneró, las granjas de la zona se han instalado en el mismo área, “consumiendo el agua hasta agotar las fuentes y contaminando las pocas que siguen manando” hasta el punto de que, de las cuatro analizadas por el GDT en Sant Bartomeu del Grau, sólo una registra menos de 50 miligramos de nitratos por litro, por lo que la batalla por el medioambiente aún no ha terminado. EFEverde