El alcalde de la localidad septentrional francesa de Grande-Synthe, Damien Carême, denunció al Estado por considerar que no está actuando suficientemente para luchar contra el cambio climático y que esto perjudica a su municipio.
Carême es el primer alcalde en interponer una acción legal contra el Gobierno francés por “inacción en materia de lucha contra el cambio climático”.
Su abogada es Corinne Lepage, actual eurodiputada y ministra francesa de Ecología entre 1995 y 1997.
El recurso fue presentado contra el ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy, el Primer Ministro, Édouard Philippe, y el presidente francés, Emmanuel Macron.
La primera reacción del Gobierno a la demanda vino por parte del ministro de la Transición Ecológica, quien en una entrevista a la cadena de radio “France Inter” se preguntaba irónicamente: “¿Ustedes creen que es ante los tribunales como resolveremos el problema del cambio climático?”.
A partir de la recepción del recurso, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para contestar o, en caso contrario, la letrada acudirá a los tribunales.
Grande-Synthe
Ciudad costera de 22.000 habitantes situada en la región Nord-Pas de Calais y capital de la biodiversidad en 2010, Grande-Synthe está particularmente expuesta a inundaciones y actualmente dispone de bombas que funcionan las 24 horas para evacuar al mar el gua que se desborda.
“Si el nivel del océano sube demasiado, nuestros diques no serán lo suficientemente altos como para detenerlo”, alertó Carême en una entrevista al periódico “Le Parisien”.
Frente a la inacción que reprocha al Ejecutivo, Lepage recalcó que Grande-Synthe “ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % en la flota de automóviles y en un 34 % en el alumbrado público”.
El consistorio, además, se comprometió a alcanzar el 20 % en ahorro energético y en uso de energías renovables para 2020.
“Francia se presenta al mundo como la campeona del clima, pero no solo han aumentado constantemente las emisiones de gases de efecto invernadero desde 2015, sino que podrían seguir haciéndolo hasta 2023, lo cual es inaceptable”.
Esta no se trata de la primera acción judicial relacionada con el calentamiento global en el mundo.
En 2015 el Tribunal de Apelaciones de La Haya obligó al Gobierno a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25 % para 2020 como respuesta a una denuncia presentada por 900 ciudadanos con el respaldo de la ONG Urgenda.
El mismo año, en Estados Unidos 20 niños y jóvenes junto con la asociación Our Children’s Trust presentaron un recurso ante un tribunal de Oregón para exigir que el Ejecutivo reduzca significativamente las emisiones de dióxido de carbono.
El juicio debería haber empezado el 29 de octubre, pero el magistrado al cargo lo paralizó a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo ante un recurso de la Administración estadounidense para bloquear el proceso, desestimado el pasado 3 de noviembre. EFEverde
