Según ha adelantado ‘ABC’ y han confirmado a Efe fuentes de la Consejería, han propuesto a los cinco ayuntamientos afectados -Móstoles, Villaviciosa de Odón, Arroyomolinos, Batres y Navalcarero- y a la Confederación Hidrográfica del Tajo tres actuaciones orientadas a evitar el vertido ilegal de residuos.
Varias medidas
En primer lugar, el Gobierno regional ha propuesto reforzar los mecanismos de vigilancia y control en colaboración y coordinación con todos los cuerpos policiales, incrementándose de esta manera la actuación en la zona de policía municipal, Seprona (Guardia Civil) y Agentes Forestales.
[box type=»shadow» align=»aligncenter» ]Las actuaciones preventivas y sancionadoras que desarrollen todos los cuerpos de seguridad «se centralizarán a través del área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente», con el objetivo de «llevar un exhaustivo control de los puntos de vertidos e ir comprobando la evolución de los mismos».[/box]
En segundo lugar, la Comunidad de Madrid ha propuesto varias medidas orientadas a evitar el acceso de los vehículos a la zona afectada por el vertido ilegal de residuos a través de una serie de actuaciones urgentes «de carácter disuasorio para impedir, o al menos dificultar, que se sigan produciendo los vertidos«.
Se actuaría en nueve «puntos calientes» detectados por la Dirección General de Biodiversidad: zona de ‘Las Sabinas’, Puente de la A5, Azud de la A-5, ‘Arroyo del Aguijón’, ‘Vereda del Guadarrama’ tanto por su paso por Móstoles como por Arroyomolinos, ‘Barranco de Doña Luna’, ‘Soto del Endrinal’ y la zona de ‘Aridos Navarro’.
Dichas actuaciones consistirían básicamente en dificultar el acceso al cauce del río «estrechando los caminos, haciendo cunetas, poniendo obstáculos y taludes y haciendo un vallado perimetral en esos tramos».
Para ello, se propone la instalación de cerramientos con malla cinegética, bolos de piedra encastrados y zanjeo y ripeado en los puntos calientes, además de la instalación de carteles advirtiendo del peligro para la circulación de vehículos pesados e incluso la prohibición de la misma en la zona.
En tercer lugar, se están manteniendo contactos con el sector de la construcción, los gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el sector del reciclaje, así como el Seprona de la Guardia Civil para «perseguir a aquellos ‘piratas’ que se saltan la ley y que tanto daño están haciendo a la imagen del sector«.
Para ello, la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Economía Circular, viene manteniendo reuniones con los ayuntamientos más afectados, para asesorarles y cuantificar la magnitud del problema.
Reciclaje
Por último, se van a impulsar diversas campañas de concienciación del reciclado, para que los ciudadanos sean conscientes de que, los residuos que no se colocan en los contenedores adecuados o se lleva a las instalaciones para su tratamiento, acaban tirados de forma incontrolada en el entorno o depositados en un vertedero.
Además de la interlocución con el sector de la construcción, se han mantenido hasta ahora dos reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la CHT y los cinco ayuntamientos afectados del sur de la región -Arroyomolinos, Batres, Móstoles, Villaviciosa de Odón y Navalcarero-.
