Así se pone de manifiesto en el libro «Las aguas subterráneas y la Red Natura 2000», publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y que se ha presentado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El libro sintetiza el trabajo llevado a cabo en las nueve demarcaciones hidrográficas del Estado para identificar dicha relación y hacer una correcta planificación de los recursos hídricos, que conjugue los usos tradicionales con las demandas ecológicas, tal y como exige la normativa comunitaria.
Conciliar usos del agua y conservación
Para el subdirector general de Gestión de Recursos Hídricos, Carlos Manuel Escartín, «el reto es hacer una gestión del agua que concilie las demandas como recurso natural y la conservación del medio ambiente», para lo que es «obligado» identificar su relación con los espacios integrados en la Red europea.
Ha insistido en que la publicación del IGME «sienta las bases para determinar el estado de los ecosistemas y llevar a cabo su gestión y conservación», pero ha reclamado «poner de acuerdo a todos los organismos», una labor en la que la Dirección General de Agua y el Instituto Geológico y Minero viene insistiendo desde hace años.
Red Natura 2000 y aguas subterráneas
El 44 % de los espacios españoles integrados en la Red están relacionados con aguas subterráneas, un total de 665 entre LIC y ZEPA; pero, además, 74 de nuestros humedales, el 70 % del total, forman parte de la lista Ramsar, lo que nos sitúa en tercer lugar.
La coordinación entre las diferentes administraciones ha sido también la principal reclamación del autor del libro, José Manuel Murillo, y del subdirector general de Medio Natural, Miguel Aymerich, presente en el acto.
Planes de gestión
Aymerich ha insistido en que España tiene un «compromiso ileludible» con la Comisión Europea en la aprobación de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 y en este sentido «llevamos dos años de retraso».
Sólo 400 de los 1.449 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) reconocidos en España cuentan con un plan de gestión que les confiere la categoría de Zona de Especial Conservación (ZEC), cuando la exigencia europea era haberse declarado como tales antes de final de 2012.
Ahora, España tiene la obligación de aprobar los planes de gestión de un total de 1.367 espacios para finales de este año y llegar a la totalidad a finales de 2015.






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