Así lo pide Greenpeace en un comunicado en el que señala que unas 80 empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios «podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental».
Recuerda la organización que otro de los frentes en el que lucha por salvar el Mar Menor es en los tribunales.
En 2020, Greenpeace se sumó, junto a Ecologistas en Acción y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), a la investigación judicial del llamado “Caso Topillo”, que investiga la degradación del Mar Menor por los posibles vertidos agrotóxicos a la laguna.
En 2019, según diligencias realizadas por los agentes de la Guardia Civil, se calcula que esos vertidos presuntamente irregulares podrían alcanzar un volumen cercano a los cuatro millones de metros cúbicos.
El responsable de la campaña de agua de Greenpeace y doctor en Hidrogeología, Julio Barea, ha señalado en relación a las soluciones para el Mar Menor que fue «un error no seguir el dictamen» del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, de la comunidad autónoma y del Estudio de Impacto Ambiental Vertido Cero, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
«Las pautas científicas para salvar la laguna ya están sobre la mesa y pondrían freno al colapso, y esperemos que las decisiones no vayan en la línea de salvaguardar los intereses del lobby del agua”, ha aseverado Barea.
Justamente este viernes, el Gobierno de Murcia ha aprobado un Decreto que modifica la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que prohíbe el uso de cualquier tipo de fertilizantes con nitrógeno inorgánico o de síntesis en las zonas más próximas al Mar Menor, con sanciones de entre 5.000 y 50.000 euros en caso de incumplimiento. EFE
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