Yasuní (Ecuador).- Los waoranis, el pueblo indígena más numeroso del Parque Nacional Yasuní, considerado el corazón de la Amazonía de Ecuador, divisan el posible principio del fin del petróleo en sus territorios con la consulta nacional que se celebrará el 20 de agosto para cesar la extracción de crudo del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos más importantes del país.
Para los "wao", que entraron de golpe en contacto con la modernidad hace apenas 60 años al llegar a sus territorios la industria petrolera y algunos misioneros, esta actividad extractiva transformó por completo sus vidas y ahora muchos de ellos ven en el futuro cercano una posible retirada.
Como si se tratase de la luz al final de un largo túnel, la gran mayoría de este pueblo indígena tiene depositadas muchas esperanzas en el plebiscito que se votará el próximo 20 de agosto, en coincidencia con las elecciones generales extraordinarias.
Recuperar la Reserva Natural del Yasuní, la "Tierra Sagrada"
"Para nosotros está bien que pare, y que no haya más exploraciones ni plataformas ni carreteras", comenta a EFE Penti Baihua, líder de la comunidad waorani de Bameno, ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní, en la zona de la reserva natural perteneciente a la provincia de Pastaza.
Si bien los pozos y las plataformas petroleras quedan más al norte, en la provincia de Orellana, Penti quiere que la industria petrolera se vaya de todo el Yasuní y que el Estado les acredite la titularidad de sus territorios para asegurar la preservación de su pueblo, su lengua, su cultura y también de la selva y su biodiversidad.
"En este territorio llamado Yasuní hemos vivido muchas décadas. Nuestros abuelos, padres y madres fueron grandes luchadores y protectores. Que nos dejen vivir y reconozcan nuestra cultura y derechos", desea el líder de la comunidad mientras revisa un mapa de la reserva del Parque Nacional y los bloques petroleros.
Proteger a los indígenas en aislamiento
También así quiere proteger a sus parientes: los tagaeri, los taromenane y los dugakaeri, pueblos indígenas en aislamiento voluntario que, con la llegada de la industria petrolera no siguieron el mismo camino que los waorani y prefirieron seguir al margen del resto de la sociedad.
Para ellos se les creó una zona intangible que limita con el Bloque 43-ITT y que, a criterio de Penti, no es lo suficientemente grande para la comodidad de estas poblaciones nómadas, ya que hubo encuentros con muertes violentas en 2003, 2006 y 2013, lo que generó una demanda de organizaciones ambientalistas para proteger sus derechos que está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Por ello, el líder de Bameno apuesta como modo de vida para su pueblo el atraer el turismo nacional y extranjero a través de la preservación sin explotación petrolera de Yasuní, una zona de un millón de hectáreas, que reúne más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces.
Posiciones enfrentadas
Desde la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), el principal órgano de gobierno de este pueblo originario, también se ha llamado a votar por el "Sí" al cese del Bloque 43-ITT, aunque no todos los waoranis comparten esa posición.
En minoría, los líderes de la comunidad de Kawymeno, la única waorani dentro del área de influencia del Bloque 43-ITT, están en contra de la consulta, ya que buena parte de sus habitantes trabaja para la petrolera y señalan que, desde que comenzó la operación en 2016, no ha habido derrames en el medio ambiente.
A favor se manifestó el prefecto de la provincia de Pastaza, André Granda, quien explicó a EFE que el Yasuní "es una palabra waorani que significa tierra sagrada, un santuario de conservación y de vida que tenemos la obligación y responsabilidad de proteger porque su riqueza no está bajo tierra, sino sobre ella".
Una década para la consulta
La consulta nacional se realizará luego de una batalla legal de diez años ganada por el colectivo ambientalista Yasunidos, quien logró reunir 757.000 firmas para su celebración.
De este yacimiento, operado por la estatal Petroecuador, se extraen cada día unos 55.000 barriles de crudo, que equivalen a alrededor del 11 % de la producción nacional, que ronda los 480.000 barriles.
De acuerdo a la empresa, el perjuicio para el Estado será de 1.200 millones de dólares al año en rentabilidad y unos 13.800 millones de dólares en 20 años, si el barril se mantiene en 66 dólares, mientras que los ambientalistas piensan que será una cantidad menor que se puede compensar aplicando un impuesto a la riqueza. EFEverde
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