Así lo han puesto de manifiesto doce asociaciones -ONG ecologistas, representantes de la juventud, sindicatos o defensoras de las energías renovables, entre otras- en un comunicado en que además exigen al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible objetivos concretos de descarbonización.
Se trata de Ambe, ConBici, CCOO, el Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-Unión, Fundación Renovables, Nuevo Modelo Energético, Promoció del Transport Public, Transport&Environment y WWF, entidades que se han unido para hacer alegaciones al texto legislativo en trámite.
El sector del transporte, recuerdan en el escrito conjunto, «depende actualmente de forma mayoritaria de carburantes derivados del petróleo» y es el principal contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas en España, pues representa casi un 30 % del total emitido.
Una de las principales críticas que estas organizaciones hacen al anteproyecto de ley es que «no da la debida prioridad a la eficiencia energética, motivo por el cual no opta por un sistema multimodal que tenga como columna vertebral el transporte público», aseguran.
Entre las alegaciones que han presentado al texto, cuya fase de información pública concluyó el pasado 13 de abril, los activistas afean que se plantee un mecanismo para cerrar las líneas de tren «supuestamente ineficientes”, y sentencian que «en España no sobran vías», sino que «faltan trenes».
Así, y frente al reto de descarbonizar la movilidad para combatir el calentamiento global y sus efectos, reclaman un mayor apoyo a los tres modos de transporte con menor huella de carbono -y, por tanto, con menor impacto climático-: la movilidad a pie, la bicicleta y el ferrocarril.
También proponen implantar un billete único, una tarjeta que sirva para trasladarse en todos los medios de transporte colectivo del territorio estatal, y que facilite además los desplazamientos por el resto de la Unión Europea.
Piden por otro lado homogeneizar las zonas de bajas emisiones en las diferentes ciudades donde se crearán, cumpliendo con la Ley de Cambio Climático que obliga a las urbes de más de 50.000 habitantes a establecer para 2023 un área que limite la circulación a los vehículos más ecológicos.
Lamentan en paralelo que el anteproyecto «no solo no apuesta exclusivamente por los combustibles cero emisiones de origen renovable en la aviación y el transporte marítimo, sino que en el caso de este último se sigue fomentando explícitamente el uso del gas natural».
Ante esta propuesta del anteproyecto de fomentar el gas natural licuado para propulsar barcos, argumentan que es «un combustible fósil cuyo impacto climático es incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos, y cuya práctica totalidad España tiene que importar con un coste muy elevado».
A su juicio, el objeto de la Ley de Movilidad Sostenible no debe ser otro que «garantizar que España disponga de un sistema multimodal de transporte, eficiente, descarbonizado, sostenible respetuoso con la biodiversidad, justo e inclusivo, como herramienta para lograr la máxima accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, con la mínima movilidad». EFEverde
