Frenar el desperdicio de alimentos se ha vuelto cada vez más urgente en todo el mundo y ha llevado a la Comisión Europea a proponer objetivos jurídicamente vinculantes para reducirlo en los estados miembros. Para cumplir con la Agenda 2030 de la ONU, Bruselas busca reducir el desperdicio alimentario en un 30% per cápita en supermercados, restaurantes y hogares, además de un 10% adicional en el ámbito de la manufactura y el procesado. En este sentido, España ya había dado un paso adelante al aprobar su propia legislación nacional para abordar el desperdicio de alimentos. Hace unos meses, sin ir más lejos, se aprobó en el Congreso de los Diputados el Proyecto la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, marcando un paso significativo hacia la reducción de las alarmantes cifras que resultan de esta problemática.
Sin embargo, el adelanto electoral y la disolución de las Cortes frenaron la tramitación parlamentaria de esta ley, lo que puso en pausa e hizo decaer la aprobación de una legislación tan necesaria. La situación es cuanto menos preocupante, ya que el desperdicio de alimentos tiene impactos económicos, sociales y medioambientales significativos. A nivel mundial, más de 2.500 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año, de las cuales 7,7 millones provienen de España. Esto no solo representa una pérdida económica de 1,2 billones de dólares, sino que también afecta a la hambruna de 828 millones de personas en el mundo y contribuye al cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero.
La ley, que incluía algunas de las cuestiones que reclamábamos desde Too Good To Go a los grupos parlamentarios, incluía aspectos fundamentales, como una jerarquía de prioridades obligatoria que ponía la prevención del desperdicio alimentario en primer lugar, antes de considerar la redistribución de excedentes. También se contemplaba la cuantificación del desperdicio en toda la cadena de valor, lo que permitiría un seguimiento más eficaz de las cifras para avanzar hacia un país con menos desperdicio. Si se hubiera aprobado, nos hubiéramos posicionado como el tercer país de la Unión Europea que aprueba una normativa a nivel nacional que implica y marca la dirección a seguir para todos los operadores y actores de la cadena de valor. Ahora, con los objetivos propuestos por la Unión Europea, se torna más importante que nunca luchar para que todos los esfuerzos puestos en esta ley no queden en el olvido.
Una oportunidad para definir objetivos más específicos contra el desperdicio
Queda mucho trabajo por hacer, y la próxima legislatura será clave para cumplir con los compromisos internacionales y con la Agenda 2030. La sociedad, las organizaciones, las empresas y los consumidores deben continuar trabajando juntos para seguir avanzando hacia una ley más ambiciosa y eficaz que incluya objetivos específicos de reducción de desperdicio alimentario a nivel nacional, una definición alineada con la comunitaria y medidas incentivadoras para promover la donación y otras formas de redistribución de alimentos no vendidos.
El problema del desperdicio alimentario no entiende de ideologías políticas ni de cambios de gobierno; es un reto que debe comprometer a todo el país. Por lo tanto, es fundamental que el próximo equipo de gobierno y la oposición resultante continúen con el trabajo iniciado, apostando para que España esté a la altura de cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea.
(*) Marie Lindström es directora de Too Good To Go en España. En esta tribuna reflexiona sobre la problemática del desperdicio alimentario y la importancia de posicionarlo en la agenda del gobierno que resulte de las elecciones generales.
Ilustración de @visoor en la #ViñetaVerde en EFEverde
Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de Medio Ambiente y Ciencia en EFEnoticias y EFEverde
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde
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