Según ha informado la Institución en una nota de prensa, Fernández Marugán, que hoy mismo se ha estrenado en el cargo, ha recibido varios informes que advierten de esta posibilidad y por ello ha reclamado al IGME que evalúe si lo ha tenido en cuenta en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.
Proyecto de gas
El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría «alterar» su resultado, recalca el defensor del Pueblo.
Los informes que constan en su poder, añade, no evalúan «en profundidad» los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero.
De ahí que considere necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión.
Dentro de la «estrecha colaboración» que mantienen con su homólogo andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el espacio natural de Doñana, Fernández Marugán solicitará de oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que informe sobre las medidas que va a adoptar para frenar la sobreexplotación del acuífero. Efeverde
