El cumplimiento de la legislación ambiental es fundamental para evitar las sanciones de la Unión Europea y que las cuantías económicas de las multas no recaigan en los ciudadanos, ha asegurado la directora del Iidma, Ana Barreira.
Todos los poderes públicos “están sometidos a la ley al igual que los ciudadanos“, por lo que están obligados a cumplir con la normativa ambiental vigente, ha señalado Barreira en entrevista con EFE.
Sanciones a Madrid
Las declaraciones de Barreira coinciden con el anuncio hecho por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre las reuniones que mantendrá el 5 y 6 de marzo próximos en Bruselas con representantes de la Comisión Europea sobre el expediente abierto contra España por la contaminación atmosférica en Madrid.
Barreira ha recordado que ante los planes para reducir la contaminación del aire puestos en marcha por la anterior alcaldesa Manuela Carmena, junto a los de Ana Colau, en Barcelona, la Comisión decidió paralizar los expedientes que había abierto contra España por la malal calidad del aire.
Sin embargo, tras la decisión de Almeida de revertir Madrid Central, zona de aproximadamente cinco kilómetros por la que se levantó la restricciones de tráfico para los vehículos ecológicos que llevaran más de una persona, la CE decidió reabrir el expediente.
En España la distribución de las competencias está muy repartida por la composición de la administración pública, sin embargo, “no todas las competencias se aplica de forma adecuada por el cruce de normas autonómicas y las estatales”.
[box type=”shadow” ]España tiene varios procedimientos ambientales abiertos, según Barreira, y “no se debe priorizar ninguno, porque todos son importantes ante la emergencia climática actual”. [/box]Daños que deben ser asumidos por la sociedad
La experta ha explicado que el “marco normativo hay que cumplirlo”, porque, de lo contrario, el incumplimiento por parte de las administraciones públicas “generan en daños que deben ser asumidos por toda la sociedad”.
Barreira ha reconocido que en muchas ocasiones la “presión de algunos grupos interesados” puede “retrasar y perjudicar” la aplicación de la legislación, situación que a la postre genera consecuencias futuras.
El caso del Mar Menor o de las depuradoras de aguas residuales son otros de los casos en los que Barreira ha subrayado la importancia del cumplimiento de las leyes por parte de los poderes públicos.
El incumplimiento tiene “graves consecuencias” como en el Mar Menor donde los daños y las consecuencias de los mismos de ese ecosistema tienen unos costes muy altos, y los presupuestos de su restauración son asumidos posteriormente por la sociedad.
Según la directora del IIDMA, los colectivos ejercen presión y reclaman actuaciones adecuadas con miras a la presentes y futuras generaciones.
Biodiversidad y bosques
En relación a la nueva Dirección de Biodiversidad, Bosques y Desertificación creada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Barreira ha explicado que cuidar los bosques significa trabajar en la protección y la conservación, pero también para la custodia del territorio.
Además, servirán como fuente de participación ciudadana y de empleo.
Barreira ha concluido que tras 27 años de vida profesional, ha observado que en los últimos tres o cuatro las empresas están cambiando su “filosofía empresarial” porque de lo contrario “ponen en peligro su supervivencia” y afectará a “su cuenta de resultados”.
Al igual que en el sistema financiero, los sectores empiezan a introducir cambios, porque las empresas saben que si no respetan las leyes ambientales “no recibirán respaldo financiero”. EFEverde
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