Un vertido ilegal en un río, la destrucción de un hábitat protegido o el abandono de residuos peligrosos pueden parecer hechos aislados, alejados de las preocupaciones cotidianas de buena parte de la población.
Sin embargo, sus consecuencias pueden extenderse durante años, afectar a comunidades enteras y provocar daños difíciles, cuando no imposibles, de reparar. Pese a ello, los delitos contra el medio ambiente siguen recibiendo una atención que no siempre se corresponde con su gravedad.
Una posible explicación está en nuestra percepción de la delincuencia. Resulta más sencillo reconocer la gravedad de un delito cuando existen víctimas identificables, daños inmediatos y consecuencias visibles. En los delitos medioambientales, en cambio, los perjuicios pueden
acumularse durante años, manifestarse lejos del lugar donde se produjeron o afectar a personas que nunca llegarán a conocer su origen.
Esta dificultad para identificar a los perjudicados contribuye a que determinadas conductas se consideren problemas secundarios. La contaminación de un acuífero puede comprometer el suministro de agua de una población; un vertido tóxico puede afectar a la salud humana y animal; y la destrucción de determinados ecosistemas puede alterar la producción de alimentos y los medios de vida de numerosas familias.
Sus efectos alcanzan ámbitos que habitualmente no relacionamos con la delincuencia medioambiental.
La magnitud del problema está documentada. En marzo de 2026, Europol publicó los resultados de una operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos y los delitos de contaminación, desarrollada durante 2025 con la participación de 71 países. Las actuaciones permitieron detener a 337 personas e intervenir más de 127.000 toneladas de residuos.
Las investigaciones también identificaron vínculos con otras actividades delictivas, entre ellas el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales.
Estas cifras reflejan una realidad poco presente en la percepción habitual de la delincuencia: determinadas actividades que dañan el medio ambiente forman parte de redes criminales organizadas, con capacidad para operar a través de distintas fronteras y poner en riesgo la salud pública, la seguridad y los recursos naturales.
También influye nuestra manera de entender la relación con el entorno. Con frecuencia, los daños ambientales se perciben como algo ajeno a nuestra vida cotidiana, pese a que la calidad del agua, la seguridad alimentaria y nuestra propia salud dependen directamente del estado de los ecosistemas.
El enfoque One Health (a veces también llamado “salud global”), que reconoce la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, ayuda a comprender por qué las consecuencias de estos delitos pueden extenderse mucho más allá del espacio natural afectado.
Su investigación plantea, además, dificultades particulares: Identificar el origen de una contaminación, determinar responsabilidades o evaluar sus consecuencias puede requerir años de trabajo y la intervención de especialistas de diferentes disciplinas.
El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ha señalado en sus informes mundiales sobre el Estado de Derecho Ambiental que, pese a los avances legislativos e institucionales, la aplicación efectiva de las normas continúa siendo un desafío internacional.
Mejorar la detección temprana, reforzar la investigación especializada y facilitar la cooperación entre países son pasos necesarios para hacer frente a estas actividades. También lo es reconocer el trabajo de los profesionales que intervienen en su prevención e investigación, desde las unidades policiales y las autoridades judiciales hasta los especialistas científicos y sanitarios que contribuyen a identificar y evaluar los daños.
La gravedad de un delito no debería depender únicamente de la inmediatez de sus consecuencias o de la facilidad para reconocer a sus víctimas. Los delitos contra el medio ambiente afectan al patrimonio natural, pero sus repercusiones alcanzan también a nuestra salud, nuestra seguridad y nuestra calidad de vida.
Mientras sigamos percibiendo estos daños como algo distante, seguiremos sin reconocer plenamente su gravedad. Y esa distancia entre lo que ocurre y lo que somos capaces de percibir es, precisamente, una de las razones por las que la delincuencia medioambiental continúa infravalorándose.
Lucía Sánchez-Tejado es vicepresidenta adjunta para Europa y punto focal en España de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) de la IUCN, embajadora del Pacto Europeo por el Clima (Comisión Europea) y dirige el Área de Medioambiente y Crisis Climática de LISA Institute.
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