Ecologistas en Acción y organizaciones sociales denuncian que una parte de las ayudas estatales anunciadas por el Gobierno para apoyar la recuperación post pandemia han sido asignadas o planea asignarse a empresas que más han contribuido al calentamiento global, impactos climáticos, ecológicos y sociales.
Según la organización ecologista, las ayudas también irán a empresas de “puertas giratorias a sus espaldas, que tienen filiales en paraísos fiscales y/o se han descapitalizado repartiendo cuantiosos dividendos” entre los accionistas en los últimos años.
Ayudas a empresas con impacto climático y ambiental
Por ello, ha remitido una carta a los grupos parlamentarios del Congreso para denunciar el “alto coste que supondrán las ayudas para el erario público, así como la falta de transparencia y de criterios financieros, económicos, sociales, de género y ambientales en la asignación de las mismas”.
Advierten que las ayudas hacen peligrar el cumplimiento de los compromisos climáticos y los recursos necesarios para financiar la llamada ‘transición justa’.
Por ello, enumeran medidas concretas sobre el apoyo y la recuperación del tejido económico post COVID-19, por ejemplo incluyendo condiciones socioambientales, económicas y de transparencia a las ayudas públicas.
Según EA, la última oportunidad para introducir dichas medidas en las conclusiones de la Mesa de Reconstrucción del Congreso será en el Pleno del Congreso donde se votarán las enmiendas que se presenten.
Recuerdan que se han comprometido entre marzo y junio partidas que incluían 100.000 millones de euros para avalar préstamos de empresas y autónomos y para la compra de pagarés empresariales, mecanismo de deuda reservado para grandes empresas.
Asimismo, hace un par de semanas, se anunciaron otros 40.000 millones de euros en avales para empresas y otros 10.000 millones para un fondo destinado a garantizar la solvencia de empresas estratégicas mediante la compra de acciones.
Más transparencia y supervisión
Según EA, a estas ayudas directas habría que sumarles otras indirectas, como son los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), las contrataciones públicas adjudicadas por vía de emergencia sin licitación previa, así como las ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Las organizaciones firmantes ven injustificable la falta de transparencia del proceso, y piden introducir más claridad en el proceso, así como criterios económicos y socioambientales de las empresas y todas sus filiales, contratistas y subcontratistas dentro y fuera de España, según un comunicado.
En relación a las ayudas ya comprometidas a empresas específicas, se pide que se obligue a aquellas que no cumplan con dichos criterios a presentar planes de reconversión de sus actividades o de resolución de las causas por las que quedarían excluidas.
Asimismo, la creación de órganos de supervisión que cuenten con una representación equilibrada de todos los grupos afectados para hacer un seguimiento. EFEverde
