En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha anunciado que el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la nueva Comisión en la que trabajarán representantes de los dieciséis ministerios del actual Gobierno.
Representantes de los dieciséis ministerios
«El Gobierno pone mucho énfasis en esta cuestión y los dieciséis ministerios estarán incorporados a esta Comisión para poder -con políticas transversales- adaptar toda la normativa de estos temas», ha señalado Celaá.
El objetivo del Real Decreto es dotar a la nueva Comisión de una mayor protección, que «se justifica por la relevancia económica, ambiental y social de esta materia», según una nota de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica.
La nueva Comisión está adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, será presidida por Ribera, y la vicepresidencia recae en la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Además, la integran vocales de cada uno de los departamentos ministeriales, entre ellos los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Energética.
Funciones de la nueva Comisión
A la Comisión le corresponden las funciones de seguimiento y propuestas que sirvan de base a la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y la energía, con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia, según la nota.
Asimismo, se encargará de dar impulso y coordinar las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Además, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050 y la de transición justa.
Según la nota del Ministerio, el nuevo órgano deberá informar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las propuestas que puedan tener repercusiones económicas relevantes.
La Comisión Interministerial podrá invitar a sus reuniones -cuando considere «conveniente para el cumplimiento de sus funciones-» a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones, organizaciones empresariales y sindicales, así como expertos y representantes de la sociedad civil.
Al igual que a representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, según los temas a tratar. EFEverde
