El cambio climático se ha convertido en las últimas décadas en el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Y a medida que los efectos del calentamiento global se hacen más evidentes surge la necesidad urgente de tratar este problema desde una perspectiva de los derechos humanos.
En este contexto sobresale muy especialmente el derecho a un clima estable, un principio que busca garantizar que todas las personas tengamos acceso a un entorno seguro y sostenible.
El derecho a un clima estable nace de la idea fundamental de que todos los seres humanos tenemos el derecho inherente a vivir en un ambiente saludable.
Aunque no está explícitamente reconocido como un derecho en muchos tratados internacionales, se sustenta en varios documentos que tratan derechos relacionados, como el derecho a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado. El último de estos documentos aprobado en julio del año pasado.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 3 que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Este principio se ve directamente afectado por el cambio climático, que nos amenaza con eventos climáticos extremos, con el aumento del nivel del mar y con la pérdida de biodiversidad, entre otros impactos.
La pérdida de biodiversidad afecta por ejemplo a las comunidades que dependen directamente de los ecosistemas para su sustento. El derecho a un clima estable implica así no sólo abordar las emisiones de CO2 sino también los impactos sobre la salud, el agua, la alimentación, la vivienda y sobre la propia vida.
Hay varios desafíos que dificultan la consecución de este derecho.
Existen acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, pero la falta de implementación efectiva de las medidas acordadas ha debilitado nuestra capacidad para hacer frente al cambio climático. La cooperación internacional es esencial pero la falta de compromisos vinculantes en el marco internacional actual esta socavando los esfuerzos para mantener la estabilidad climática.
Los impactos del cambio climático tampoco se distribuyen de manera equitativa. Los países más vulnerables, a menudo los países menos desarrollados, sufren de manera desproporcionada los efectos del cambio climático, aunque contribuyan mínimamente a las emisiones.
Es necesario por lo tanto garantizar la equidad y justicia en la distribución de los beneficios y cargas asociadas con la estabilidad climática que buscamos.
Adicionalmente, los intereses económicos a corto plazo entran a menudo en conflicto con las medidas para promover la estabilidad climática a largo plazo. Y junto a estos intereses contrapuestos, las influencias políticas y el lobbying por parte de sectores que se benefician de prácticas insostenibles pueden obstaculizar la adopción de políticas efectivas para abordar el cambio climático.
Y por último a pesar de la creciente conciencia sobre la intersección entre derechos humanos y cambio climático, aún no existe un tratado internacional específico que reconozca explícitamente el derecho a un clima estable.
Varios instrumentos legales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, son ejemplos de esfuerzos internacionales para mitigar el cambio climático. Sin embargo, no incluyen de forma explícita el derecho a un clima estable.
El reconocimiento internacional de este derecho permitiría la adopción de una legislación global que establecería obligaciones claras para los Estados y las empresas. Y posibilitaría la creación de un tribunal internacional para la rendición de cuentas y para garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos sobre el clima.
Para avanzar en la realización del derecho a un clima estable, son necesarios compromisos a nivel global, nacional y local.
Es crucial fortalecer y ampliar los compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los acuerdos actuales deben mejorarse considerablemente. Y se necesitan medidas adicionales para limitar el calentamiento global a niveles seguros.
Los países desarrollados deben asumir una responsabilidad significativa en la financiación y transferencia de tecnología a los países más vulnerables. La equidad y la justicia deberían ser nuestros principios rectores para abordar las desigualdades globales en la lucha contra el cambio climático.
La educación ambiental y la concienciación pública siguen siendo fundamentales para la movilización individual y comunitaria. Debemos implementar programas educativos que destaquen la conexión entre el cambio climático y los derechos humanos. Fomentaremos así un cambio de comportamiento hacia prácticas más sostenibles.
Necesitamos involucrar a la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con el clima. La participación ciudadana fortalece la democracia y garantiza que las soluciones sean inclusivas y socialmente justas.
Y es esencial por último la inversión en I+D de tecnologías sostenibles. La innovación puede ofrecernos soluciones para reducir las emisiones, adaptarse a los cambios climáticos y mitigar los impactos negativos.
La innovación desempeñará un papel crucial en la transición hacia un futuro sostenible. Las energías renovables, la agricultura sostenible y la captura de carbono son áreas clave que pueden ayudar a reducir emisiones y promover la resiliencia.
La cooperación internacional en investigación deberá facilitar la transferencia de conocimientos y capacidades a las naciones en desarrollo, promoviendo así un enfoque global y equitativo.
El derecho a un clima estable no es simplemente una aspiración, sino sobre todo es un imperativo moral y legal. Nos enfrentamos en la actualidad a una elección fundamental. Tomar medidas audaces y colectivas para abordar la crisis climática o enfrentarnos a las consecuencias devastadoras de la inacción.
La creación de una legislación global, la promoción de la justicia climática y la transición hacia un modelo económico sostenible son los pasos necesarios en la dirección correcta.
La historia nos juzgará por nuestra respuesta a esta crisis.
Es nuestro deber actuar ahora para garantizar un futuro con un clima estable para las generaciones venideras.
(*) Carlos García Soto es científico titular del CSIC, ha sido recientemente delegado de Naciones Unidas en la COP 26 (Glasgow, 2021) y la COP 27 (Sharm El-Sheikh, 2022), coordinador del Informe Oceánico Mundial de Naciones Unidas en los años 2021-2022, y es actualmente presidente de EurOcean (2020-2024).
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