América Latina y el Caribe no solo es una de las regiones más biodiversas del planeta. También es la más peligrosa para quienes defienden la naturaleza.
Esta paradoja, riqueza ecológica acompañada de violencia sistemática, define uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: no es posible hablar de transición ecológica mientras quienes sostienen la vida en los territorios siguen siendo amenazadas, criminalizadas o asesinadas.
146 defensores asesinados o desaparecidos
En 2024, al menos 146 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo, y más del 80% de esos casos ocurrieron en América Latina. Colombia, México, Brasil y Guatemala concentran la mayor parte de estos crímenes. El riesgo para la defensa de la naturaleza comienza con la estigmatización, las amenazas, la vigilancia y la judicialización indebida.
La criminalización no es un efecto colateral: se ha convertido en una herramienta sistemática para debilitar la defensa de los territorios y fragmentar el tejido comunitario.
Este escenario se ha vuelto aún más complejo por la expansión de economías ilegales y estructuras de crimen organizado. De acuerdo con InSight Crime, la región atraviesa una recomposición de mercados ilícitos donde el narcotráfico, la minería ilegal, la tala clandestina y el tráfico de tierras se entrelazan, generando economías que dependen del control violento del territorio.
En muchas zonas rurales y fronterizas, estas redes no solo operan al margen del Estado: en la práctica lo sustituyen o lo capturan.
Las implicaciones para las personas defensoras son directas. Defender un río, un bosque o un territorio implica enfrentarse no solo a intereses económicos legales, sino también a actores armados con capacidad de intimidación y violencia extrema. En muchos territorios, proteger la naturaleza significa hacerlo sabiendo que hay intereses dispuestos a silenciar esa defensa.
InSight Crime, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado cómo estos grupos utilizan amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos para consolidar su control territorial, especialmente en regiones de alta biodiversidad. La inseguridad deja de ser un contexto y se convierte en una condición estructural que multiplica los riesgos de la defensa ambiental.
Frente a este panorama, el Acuerdo de Escazú es una herramienta clave. Es el primer tratado en el mundo que reconoce explícitamente la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, además de garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Más que un marco normativo, propone una arquitectura de democracia ambiental para equilibrar relaciones de poder profundamente desiguales.
La COP4 acelera implementación de Escazú
En la COP4 que se llevó a cabo del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas los Estados adoptaron una decena de decisiones para acelerar la aplicación de los tres pilares del acuerdo: información, participación y justicia ambiental, con énfasis en la protección de personas defensoras (artículo 9) y la creación de entornos seguros.
La agenda de género ganó centralidad, reforzando el rol de las mujeres en la gobernanza ambiental, y se promovieron sinergias con procesos globales de clima y biodiversidad. Al mismo tiempo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reiteró el llamado a la ratificación universal, subrayando que Escazú es hoy una pieza clave para la democracia ambiental en la región.
Sin embargo, la región tiene un desafío aún mayor, pasar del compromiso a la implementación.
El desafío no es solo técnico; es político. Escazú no puede reducirse a procedimientos formales. Su implementación exige transformar la forma en que se toman decisiones sobre el desarrollo, garantizar participación real de las comunidades y enfrentar las asimetrías de poder que atraviesan los territorios. Además garantizar recursos para el trabajo de defensores y defensoras, incluyendo su protección.
Las mujeres enfrentan riesgos diferenciados
Esto requiere también ampliar el enfoque. La defensa ambiental no es únicamente una lucha por recursos naturales: es una práctica cotidiana de sostenimiento de la vida. En territorios amazónicos, por ejemplo, los análisis con enfoque de género muestran que las mujeres sostienen la vida comunitaria a través del trabajo agrícola, el cuidado familiar y la gestión de saberes sobre biodiversidad, muchas veces en condiciones de desigualdad y con jornadas extenuantes.
Estas mismas mujeres, indígenas, campesinas y afrodescendientes están en la primera línea de la defensa del territorio, pero enfrentan riesgos diferenciados: violencia de género, exclusión de la toma de decisiones y mayores obstáculos para acceder a mecanismos de protección.
Ignorar estas dimensiones implica diseñar políticas incompletas.
Por eso, la implementación de Escazú debe articularse con una visión más amplia: la del cuidado de los territorios, los bienes comunes y las economías que sostienen la vida. Es necesario permear las agendas de agua, biodiversidad y cambio climático. Esto implica fortalecer economías locales y solidarias frente a modelos extractivos que concentran beneficios y profundizan conflictos.
También exige repensar los sistemas de protección. La respuesta no puede limitarse a medidas individuales cuando las amenazas son colectivas y estructurales. La protección debe ser preventiva, territorial, intercultural y construida junto a las comunidades, incorporando mecanismos que respondan a las realidades específicas de cada territorio.
Las instituciones deben sancionar la violencia
La región necesita, más allá de decisiones, instituciones que investiguen y sancionen la violencia, sistemas de protección con recursos, transparencia en las decisiones ambientales y participación efectiva de las comunidades.
Porque sin defensoras y defensores no hay democracia ambiental.
Y sin democracia ambiental, no hay futuro sostenible posible.
Proteger a quienes defienden la vida es una condición básica para cualquier proyecto de sociedad que aspire a ser justo, resiliente y verdaderamente democrático.
María Inés Rivadeneira H. es líder de Políticas en WWF América Latina y el Caribe. Lidera el diseño e incidencia de políticas públicas ambientales a nivel regional, articulando con gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil para promover marcos normativos sostenibles que integren evidencia científica, voces diversas desde los territorios y enfoques de derechos en América Latina y el Caribe.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
Otras tribunas de Creadores de Opinión Verde (#CDO)
Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
Debe estar conectado para enviar un comentario.