Acaba una legislatura en la que la agenda ambiental no ha estado entre las prioridades reales ni de los partidos políticos ni de los dos Gobiernos (el del PP primero y el del PSOE después) que ha acogido.
Los discursos y el papel lo soportan todo pero cuando entramos a analizar el balance final de la agenda verde, comprobamos que una vez más los políticos hablan, en ocasiones con enfoques acertados, pero no actúan con la contundencia y celeridad que requieren los principales retos ambientales a los que nos enfrentamos.
Si bien es cierto que el discurso ambiental de los dos Gobiernos con que ha contado la legislatura ha sido muy diferente, lo cierto es que al final los asuntos relevantes se han quedado en el papel y será el próximo Parlamento y Gobierno el que decida sobre asuntos de gran trascendencia como la Ley de Cambio Climático o la reforma de la ley mordaza, que para Greenpeace es también importante porque coarta el derecho a la protesta para defender el medio ambiente.
Medioambientalmente hablando, la primera etapa de la legislatura fue tan plana y poco ambiciosa, que tras la moción de censura, con un presidente de Gobierno que declaraba públicamente que su Ejecutivo era ecologista, albergamos la esperanza de poder avanzar en el campo de los hechos en temas medioambientales y de calidad democrática. Pero ya sea por la dificultad de llegar a acuerdos con la mayoría que sustentaba al Gobierno o por discrepancias internas, lo cierto es que esta legislatura ha terminado, salvo honrosas y reducidas excepciones, con un pobre balance legislativo en materia medioambiental.
Impuesto al Sol
Sin duda alguna, ha habido avances como la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas al autoconsumo, pendiente aún de que el Gobierno apruebe en las próximas semanas un decreto para impulsarlo y dotarlo de seguridad jurídica. Sin olvidar el acuerdo para la transición justa en las comarcas mineras.
Cambio climático
In extremis, el Gobierno presentó un amplio paquete de medidas, llamado Marco Estratégico de Energía y Clima. Era, entre otras cosas, la tercera iniciativa durante esta legislatura de sacar adelante una Ley de Cambio Climático. La tercera tras los proyectos presentados por el PP, cuando ya estaba fuera del gobierno, y por Podemos. Sin embargo, la legislatura termina y España, uno de los países más afectados por el cambio climático, sigue sin contar con una ley que le ayude a afrontarlo. Algo incomprensible.
Seguridad Nuclear
Afortunadamente, es más que probable que la legislatura finalice con una nueva composición del CSN, con mayor capacidad para hacer frente al cierre nuclear en el marco de una transición energética hacia un modelo menos contaminante y seguro. Y por fin se enviará a Bruselas el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no se puede detener por las elecciones ya que es una obligación europea. Ese plan recoge objetivos y medidas que pueden transformar profundamente nuestro sistema energético, que es el que más contribuye al cambio climático. Sin embargo, aún está en fase borrador y de participación pública, por lo que deberá ser el próximo Gobierno quien cierre el plan de forma definitiva.
Economía circular
La Estrategia de Economía Circular o la transposición de la Directiva Europea de Plásticos también queda para el próximo Gobierno. También queda pendiente para el próximo Ejecutivo la reforma (a Greenpeace le hubiera gustado hablar de derogación) de la mencionada ley mordaza, que persigue la criminalización del legítimo derecho a la protesta pacífica que tan a menudo usan activistas de Greenpeace para defender el medioambiente, y que después de 4 años y casi 300 millones de euros en multas, seguirá vigente.
Queda, pues, mucho trabajo pendiente (demasiado) en esta materia transversal que afecta tanto al modelo productivo como a la salud de las personas. Habrá que esperar a la próxima legislatura, donde seguiremos vigilantes para que el medioambiente entre en la agenda política de los dichos y los hechos.
(*) Mario Rodríguez es director ejecutivo de Greenpeace España
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