La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una denuncia contra los gestores de cotos de pesca en la Comunidad de Madrid por sueltas masivas de truchas exóticas originarias de Norteamérica, en varios tramos de los ríos Lozoya, Guadarrama, Cofio y Manzanares pertenecientes a la Red Natura 2000.
La Fiscalía ha presentado cuatro denuncias contra los gestores de cotos de pesca consorciados por delitos contra la fauna, recogidos en el Código Penal, entre ellos competencia con especies autóctonas, ha informado la organización Ecologistas en Acción en un comunicado.
Suelta de una especie de Norteamérica en varios ríos
Según EA, los hechos se remontan al primer trimestre de 2016, periodo durante el cual hasta 37 camiones cisterna se desplazaron hasta los tramos de cabecera de los ríos Lozoya, Guadarrama, Cofio y Manzanares para soltar miles de ejemplares de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), con destino a varios cotos de pesca intensiva gestionados por asociaciones privadas de pescadores sin autorización ni conocimiento de las autoridades.
Sin embargo estas acciones venían practicándose desde hace años, según la nota de EA, y solo se pararon en junio de 2016 por una sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la introducción de la especie invasora en los ríos madrileños por riesgos ambientales, que "llevaba aparejado entre otros la fuerte competencia con los escasos ejemplares autóctonos de trucha común".
Las sueltas de un "gran número de ejemplares de peces alóctonos" se hacía en cotos de pesca intensivos o consorciados situados en los tramos mejor conservados de las cabeceras de los ríos mencionados pertenecientes a la Red Natura 2000 y otras figuras de protección.
Según EA, en la Comunidad de Madrid, los cotos intensivos constituyen la principal oferta de actividad piscícola, mientras que en la mayoría de las regiones de España son marginales y ocupan tramos medios o bajos de los ríos, menos críticos para la conservación de especies vulnerables como la trucha común autóctona.
Cotos de pesca en la Comunidad de Madrid
Los cotos de pesca en la región funcionan con la compra periódica (semanal o quincenal) de truchas arco iris en piscifactorías comerciales para su posterior suelta en los ríos para ser pescadas por los aficionados, previo pago de un permiso para extraer un cupo.
Estas sueltas deben ser autorizadas por la administración ambiental y chequeadas para descartar enfermedades o cualquier otro problema, sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente, ante el requerimiento de EA, respondió en principio su desconocimiento del tema.
EA señala como "extraña" la situación cuando las actas de las sueltas están firmadas por agentes forestales.
Desde entonces el Área de Conservación de Flora y Fauna -dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente- "mantiene una actitud de rechazo a cualquier intento de aclarar los hechos y del grado de conocimiento que tenían las personas responsables de la gestión de la pesca", según la nota.
Para esclarecer lo sucedido, las organizaciones ecologistas ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama "El Soto", Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo se vieron obligadas a interponer denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, solicitando la investigación de los hechos.
Denuncia de la Fiscalía
Después de meses de investigación, la Fiscalía ha trasladado la denuncia a cuatro juzgados de la región (dependiendo del lugar de los hechos) contra los gestores de los cotos de pesca de Manzanares el Real (río Manzanares); La Jarosa (embalse del mismo nombre); Santa María de la Alameda (río Cófio) y Molino de la Horcajada (río Lozoya), por presunto delito continuado contra la fauna, de acuerdo a los artículos 333 y 74.1 del Código Penal.
Las organizaciones ecologistas consideran urgente y necesario poner fin a este modelo de explotación de los ríos madrileños, especialmente en sus tramos mejor conservados.
Por ello exigen la puesta en marcha urgente de medidas de recuperación de las escasas poblaciones de trucha común, así como de otras medidas que desde hace tiempo se vienen poniendo en práctica en otras comunidades autónomas con el objetivo de proteger el medio fluvial, recuperar las poblaciones de peces y garantizar una pesca de calidad, ajena a la introducción de especies comerciales exóticas. EFEverde
